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La Cámara de Senadores, en la sesión extraordinaria del miércoles 25, ocasión en que aprobó el PGN 2021, sancionó el artículo que suspende el beneficio que perciben los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El artículo en cuestión fue propuesto por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, en el proyecto de presupuesto presentado a consideración del Congreso a inicios de setiembre, como parte de las medidas para dotar de mayores recursos al fisco.
La propuesta fue aceptada en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, luego aprobada en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. A pesar de que el plan de gastos vuelve a la Cámara Baja para una segunda vuelta de discusión, este artículo en particular ya quedó sancionado al no tener ninguna objeción en la primera vuelta. Se trata del artículo 263, que suspende las disposiciones que otorgan este beneficio a través de la ley de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal, el código aduanero y la ley que establece las funciones del MIC.
Además, dispone que el 50% de lo producido por la aplicación de multas por contravención de la ley tributaria constituirán recursos de la Tesorería General y financiarán los gastos del presupuesto; el 50% y 20% del producido por infracción al código aduanero y la carta orgánica del MIC instituirán recursos institucionales para financiar el presupuesto de ambas instituciones.
El proyecto de ley, sin embargo, exceptúa los pagos pendientes de la participación en concepto de multas correspondientes al ejercicio anterior, los cuales podrán ser abonados con los créditos presupuestarios programados.
Los funcionarios de la SET, en los días previos a la sesión del Senado, se habían manifestado en los alrededores de la sede de la institución para presionar por el rechazo de la nueva disposición y solicitaron la mediación del viceministro Óscar Orué.
El titular de la SET indicó que la suspensión fue una iniciativa de Hacienda y que desde el sector público se debe demostrar que existe un ajuste de cinturón, que se da en toda la economía por efecto de la pandemia. A su criterio, son situaciones extraordinarias que llevan a tomar medidas extraordinarias por un año y que seguramente se volverá a discutir en el proyecto 2022.