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Es por el ataque cometido el 7 de enero de 2019, cuando a punta de pistola exigió a Manuel Alejandro González Giménez el dinero recaudado por la radio caacupeña ZP28 La Voz de la Cordillera, que pertenece a la madre de Papo Morales. González era el administrador de la citada emisora.
El fiscal Benjamín Vera acusó a Papo Morales y pidió elevar la causa a juicio oral, hasta que fue recusado por la defensa y tuvo que apartarse de la causa.
Ya en la audiencia preliminar, la defensa de Papo Morales planteó un procedimiento abreviado, solicitando la pena privativa de seis meses de prisión, que para ese entonces ya estaba compurgada, y la entrega de una camioneta Volvo Station Wagon como resarcimiento económico para el exadministrador de la radio.
El fiscal Gustavo Sosa, quien interinó a su colega Benjamín Vera, se allanó al pedido de la defensa solicitando una pena de un año y seis meses, pero con suspensión de pena.
La jueza Páez, a pesar de tener la potestad de oponerse al “arreglo” y remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, aceptó el pedido y condenó a Papo Morales pese a todos sus antecedentes.
Según la magistrada, el expediente no tenía prácticamente nada, por lo que se corría el serio riesgo de que el caso quedase impune con la absolución del acusado, por lo que optó por condenarlo, siquiera a una pena mínima, afirmó en comunicación telefónica con ABC Color.
Según el abogado René Ortiz, quien representó a la víctima, Papo Morales tenía 48 horas de tiempo para realizar la transferencia de la camioneta prometida, luego de que la sentencia quedase firme, aunque jamás cumplió. Supuestamente, por ineficiencia del juez de Ejecución Juan Silva aún no se pudo realizar la denuncia por incumplimiento y así solicitar que Morales cumpla su condena en prisión.
Papo tenía además prohibición de portar armas, salida del país y cambio de domicilio, según la sentencia.