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Sosa aclaró en conversación con ABC este jueves que no está de turno, pero dijo que es la Policía la que debe avisar a la Fiscalía si los manifestantes que hacen piquetes cometen algún hecho punible y que por ello aún no actúan.
Consultada sobre por qué en algunas manifestaciones actúan de oficio, la respuesta fue vaga, remarcando que son situaciones diferentes. La fiscala cuestionó al Ministerio del Interior y a la Policía el hecho de no prever los desvíos para los ciudadanos que van a sus puestos laborales.
“En el caso de que haya posturas incorrectas, la Policía tiene que avisar al Ministerio Público en el caso de que haya hechos punibles. Cada año tenemos dos manifestaciones grandes. Es la organización (…) La visión de la autoridad debería ser la de conversar, analizar con el ciudadano para dirigir las alternativas”, sostuvo.
Pero lo más llamativo fue cuando se le preguntó a la agente si los piquetes constituían un hecho notorio de violación de derechos de terceros al impedir la circulación. Sosa respondió que sí. Repreguntada sobre si así debía intervenir el Ministerio Público, contestó: “Y sí, y no”, quedándose en silencio por un rato.
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Sosa habló luego de que hay que individualizar a las personas que lideran estos piquetes, cuando eso ya se conoce. “Es tiempo de organizarnos cuando se hace este tipo de manifestaciones. Se sabe que van a venir (…) Si va a haber barreras y piquetes, hay que organizar y saber en dónde habrá control policial para evitar que existan inconvenientes para las personas que deban acudir a sus trabajos”, señaló.
El comisario Inocencio Arrúa, jefe de la Comisaría Tercera Metropolitana, notificó al fiscal Juan Carlos Ruiz sobre la movilización el martes pasado, 24 de noviembre, pero de igual forma no se intervino. Sosa solo alegó que cada fiscal tiene su forma de proceder, pero, tras más preguntas, no pudo justificar la selectividad del Ministerio Público.
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Los piqueteros exigen al Congreso más dinero para transferencias directas del Ministerio de Agricultura a las organizaciones campesinas. En principio, pedían que Diputados apruebe un paquete de US$ 25 millones, de los cuales pretendían que US$ 15 millones sean para transferencias directas a las organizaciones campesinas.
Sin embargo, la Cámara Baja aprobó ayer que de los US$ 25 millones solo US$ 1.500.000 sean para las transferencias directas.
