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Sosa conversó con ABC este miércoles y dijo que la pasividad en contra de estos manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad tiene que ver con la prevención de un “mal mayor” y que no pueden reprimirlos ni detenerlos.
“Estamos haciendo lo humanamente posible, tratando de evitar un mal mayor. La represión no corresponde, pero son violentos estos señores. Ellos reaccionan con sus palos. No oculto la incomodidad que genera la violencia también en el tránsito”, expresó el comisario.
Sosa refirió que los piqueteros tienen los mismos derechos que todos a manifestarse, pero cuestionó que ya en otras ocasiones hayan atropellado barreras “usando indígenas, niños, mujeres embarazadas. Sé que a veces no llenamos las expectativas de la ciudadanía, pido disculpas por eso”, señaló.
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Consultado sobre quién dio la orden de hacer la vista gorda a la violación de derechos de terceros por parte de los campesinos piqueteros, solo atinó a decir que “tenemos nuestro superior que es el comisario general Silvino Leguizamón (jefe de Policía de Asunción)”.
“Nosotros estamos subordinados a los poderes del Estado (…) Nosotros recibimos órdenes en la parte operativa, no podemos objetar. Ellos primero se instalaron en la Plaza de Armas, luego dicen que van a marchar y allí hacen piquetes. Tenemos que tener una orden judicial para hacer desalojos. Tratamos de hacer lo humanamente posible”, concluyó.
Piden millones para “proyectos”
Los adherentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) ya se acostumbraron a exigir cada año millonarios fondos del Estado. Desde el año 2016 recibieron G. 34.655 millones. Ahora se volvieron piqueteros porque quieren más cantidad, parte de US$ 25 millones (G. 175.000 millones).
Como líder de la CNI está Jorge Galeano, conocido como un “campesino VIP”, ya que posee una casa en Capiatá y llega a las movilizaciones en un vehículo. Desde hace años, el dirigente encabeza los bloqueos del tránsito en Asunción para exigir recursos. De la manifestación también forman parte otras organizaciones campesinas.
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La movilización —tercera en un periodo de un mes— pretende que se convierta en ley la reasignación de US$ 25 millones previstos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que eran para obras (parte de US$ 57 millones), para ser utilizados en programas de asistencia a pequeños productores de la agricultura familiar campesina.
Las referidas organizaciones exigen que los US$ 25.000.000, que ya se encuentran presupuestados en el MAG, más un fondo de US$ 5.000.000, con el cual en total se tienen US$ 30.000.000, sean ejecutados de acuerdo a sus “planes”, en un 50% con entregas directas y el resto con distribución de insumos, productos, equipos y maquinaria, según explicaron sus dirigentes.
