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Pedro Halley resaltó que solicitaron a las tres instituciones mencionadas que brinden informes con respecto a qué se requiere para habilitar legalmente un último pago extra en diciembre para los trabajadores que siguen suspendidos. Recordó, en ese sentido, que el problema es que la Ley de Emergencia no prevé un aguinaldo y este legalmente requiere otro cálculo diferente al que se realiza para los subsidios por contrato suspendido.
Indicó que no saben aún si se requiere una ley o tal vez un decreto reglamentario para poder habilitar a la previsional, pero afirmó que desde el IPS tienen la intención de concretar el depósito, siempre y cuando encuentren los mecanismos jurídicos.
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Asimismo, recordó que la Ley de Emergencia solo tiene vigencia hasta diciembre y aún no se sabe si se extenderá esta situación, por lo cual el futuro de los suspendidos a partir de enero es incierta.
Recordó que el IPS recibió US$ 100 millones en concepto de la deuda histórica que tiene el Gobierno con la previsional y que a través de la Ley de Emergencia se estableció que el dinero sea utilizado para subsidiar al sector formal hasta diciembre de este año.
En ese sentido, resaltó que en caso de que no exista una nueva ley que los habilite para seguir subsidiando a partir de enero, el remanente pasará a formar parte de los fondos del IPS de acuerdo a la Ley 5.655, que establece que el 54% debe ir a jubilaciones, el 39% a Salud y el 7% a administración general.
Sobre la posibilidad de que el dinero restante vaya al pago de gratificaciones salariales, dijo que solo el 7% puede ser utilizado para ello, de acuerdo a lo que prevé la ley. Sin embargo, acotó que no hay intenciones de hacerlo.
Finalmente, aseguró que desde la previsional tienen intenciones de seguir subsidiando al trabajador formal y solo dependen de las habilitaciones legales.
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Para octubre se tiene previsto un octavo pago del subsidio de la previsional previsto en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus para los que cuentan con un contrato suspendido.
Desde el sector obrero ya han realizado varias manifestaciones para pedir al Gobierno que garantice el aguinaldo a todos los trabajadores. Piden recibir al menos el salario mínimo, más teniendo en cuenta la crisis que atraviesan numerosas familias.
Mientras tanto, debido a la lenta recuperación de la economía, desde el sector gastronómico están solicitando que la ley de emergencia tenga una prórroga al menos hasta febrero, con el objetivo de que puedan seguir con contratos suspendidos.