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Harms reiteró esta mañana que apoyará el veto presidencial a la iniciativa que busca transparentar el control de los gastos sociales de las entidades Itaipú y Yacyretá. Aseguró que estos deben ser aprobados por los presupuestos anuales de las binacionales y gestionados por el Consejo de Administración.
Señaló que eso está establecido por el tratado internacional, por lo cual los gastos sociales no pueden ser incluidos en el PGN ni administrados por Hacienda. “El dinero de las binacionales no es público; es dinero de las empresas de las que Paraguay es propietario”, aseveró.
Sobre el hecho de que la Itaipú Binacional entregó G. 70 millones de dinero público como patrocinante de un evento del colegio dirigido por el pastor Emilio Abreu, señaló que si es así, él mismo será uno de los escrachados. Ese caso se registró bajo la administración de José Alberto Alderete, quien dejó el cargo en julio de 2019, como consecuencia del pacto entreguista de la energía de Itaipú al Brasil.
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Sin embargo, acotó que lo mismo podría suceder si el dinero es administrado como parte del Presupuesto General. “¿Y quién nos garantiza que pasando al Presupuesto va a ser idónea la aplicación de los recursos?”, consultó.
Asimismo, hizo énfasis en que lo que se debe hacer es pedir a los directores paraguayos de las binacionales que sean patriotas. “Yo estoy absolutamente de acuerdo con que Itaipú financie obras y salud, pero estoy absolutamente en desacuerdo con Bergen si financia la carrera de Abreu. Se trata de responsabilidad (…) Debemos ser contralores y pedir responsabilidad de la administración del dinero”, agregó.
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Es importante recordar que la semana pasada Mario Abdo Benítez vetó por completo el Proyecto de Ley N° 6.640/2020, que autoriza a incorporar gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá dentro del Presupuesto General de la Nación.
El debate sobre la mala administración de los fondos que deben ser destinados para cuestiones sociales y ambientales surgió nuevamente debido a que fue reflotado el caso la Itaipú Binacional entregó G. 70 millones para patrocinar una corrida organizada por el Faith Christian School, colegio propiedad del Centro Familiar de Adoración, iglesia encabezada por el pastor Emilio Abreu. La actividad se realizó en abril de 2019.
En un comunicado la binacional había afirmado que el monto fue entregado a Asunción Runner, asegurando que el CFA nada tuvo que ver. Sin embargo, el desembolso permitió que el colegio de la congregación redujera los gastos para el evento.
Cabe resaltar que cuando ocurrió el caso, el director paraguayo de la Itaipú era José Alberto Alderete, quien forma parte de esa Iglesia y también es consuegro del pastor Abreu. Es decir, se podría decir que entregó dinero público a su familia.
Ayer el presidente de la República, Mario Abdo, afirmó que el veto al proyecto de ley se debe a que “es inconstitucional” y altera los acuerdos internacionales con Brasil y Argentina. “Es por la prelación de la pirámide de Kelsen (el veto). Yo no soy abogado, pero hay una prelación de la fuerza de ley. Primero están los tratados y, por orden de prelación, un tratado no puede ser modificado por una ley”, argumentó.
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El veto debe ser tratado ahora en el Congreso, donde basta la aceptación de una de las Cámaras para que el proyecto que busca la transparencia vaya al archivo.
El dinero que debe ser destinado a fondos sociales y para el fortalecimiento del sistema eléctrico del Paraguay, según el tratado. Sin embargo, los fondos generalmente van a parar a cuestiones proselitistas, particulares o hasta a concursos de bellezas.
El veto de esta ley generó numerosas críticas y dudas en torno a la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú en 2021. Cabe recordar que a esto se suma el hecho de que este Gobierno firmó con Brasil un acuerdo secreto que, entre otras cosas, limitaba la contratación de potencia paraguaya de Itaipú, de aquí a 2023.
En aquel entonces, el Presidente había manifestado que Paraguay “ya no podía ser un país pillo”. Agregó incluso que no deseaba sentarse en una mesa en la cual él iba a actuar “como un peajero” y tratar de sacar pequeñas ventajas en vez de construir autoridad e integridad de cara a la negociación del Anexo C.
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