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Los abogados Luis Ayala y Viviana Goralewski denunciaron esta mañana una serie de irregularidades que presuntamente fueron cometidas en el marco de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por Lino Oviedo Marín, accionista del conocido Lido Bar e hijo del fundador del Unace, Lino César Oviedo.
La denuncia fue presentada en junio del año pasado por supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros, en contra de Estherlinda Bazán (gerente y accionista del Lido), María de Lourdes Mansito (contadora de la firma) y María del Carmen Portillo (tesorera).
La abogada Goralewski destacó que la señora Estherlinda empezó siendo cajera del Lido. Hoy ya tiene 40 años de antigüedad y fue nombrada como socia por parte de antiguo propietario, Heinrich Schultz. Mientras que Portillo es también una mujer de 60 años y con una antigüedad considerable dentro de la firma.
Entre otros puntos, la defensora de las acusadas cuestionó un pedido de allanamiento realizado por la entonces fiscala del caso, Estela Mary Cano. Dijo que la agente del Ministerio Público llamativamente solicitó que el procedimiento se lleve a cabo en horas de la noche, lo cual fue denegado por el Juzgado.
Otra irregularidad en torno a dicho allanamiento -en el cual se incautó una computadora que contiene todos los datos de la firma- fue que del mismo tomó parte un consultor que no es funcionario del Ministerio Público y cuya participación fue denegada previamente por parte del juez de la causa.
“Nosotros hicimos los pedidos para que se informe quién era la persona, porque nos pareció muy irregular la participación del señor y lo llamativo es que hay un informe de Talentos del Ministerio Público que dice que no saben quién es esta persona. Tiene constancia de quién es el personal y el Ministerio Público no pagó sus honorarios”, añadió.
Asimismo, la abogada señaló que la imputación de las acusadas fue totalmente irregular porque solo fueron llamadas para declarar como testigos en el marco de una audiencia testifical y que sus declaraciones en ese contexto fueron utilizadas como “pruebas” para una imputación.
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Por otra parte, el abogado Ayala destacó que otro punto cuestionable es que el propio denunciante, Lino Oviedo, era síndico del Lido al momento de presentar la denuncia, pero a pesar de ser responsable de la parte administrativa no fue citado en un caso por supuesto desfalco patrimonial.
La fiscala María José Abed es la interviniente actual de este caso y, según los defensores, también dentro de sus actuaciones hay varias irregularidades. Por ejemplo, Ayala mencionó que a la perito de la Fiscalía que debía realizar las pericias contables le otorgó 45 días para analizar los análisis de la documentación de la carpeta fiscal y elaborar su informe.
Sin embargo, a la defensa de las imputadas les brindó solo cinco días para presentarse ante el Ministerio Público, sacar copia de la carpeta y presentar el dictamen pericial. “Ahí se nota claramente la violación del criterio de objetividad que tiene que tener la Fiscalía”, criticó el abogado.
Incluso, los defensores aseguraron que la pericia del Ministerio Público tiene “cero criterio contable”, por lo cual plantearon que el perito explique el detalle.
Temen que vayan a prisión
El miércoles es la fecha de presentación del requerimiento fiscal conclusivo y los abogados señalan que el mayor temor es que, pese a todas las irregularidades, el caso sea elevado a juicio oral y público y las acusadas sean enviadas a prisión.
“Creemos que la fiscal tiene la posibilidad de presentar por lo menos sobreseimiento provisional. Tiene la capacidad técnica de analizar la fiscal que no existen los suficientes elementos. Sabemos que la fiscal está presionada, pero creemos que puede llegar a cambiar el panorama oscuro”, expresó Goralewski.
Los abogados contaron que presentaron una denuncia ante inspectoría del Ministerio Público, para que intervenga y solicite un control del proceso judicial.
“Estamos pidiendo objetividad en una causa donde hay tres personas inocentes que están siendo procesadas de manera irregular. Solo pedimos un proceso objetivo”, finalizó la abogada.
Cabe mencionar que la actual fiscal de la causa, María José Abed, es hermana de la diputada colorada cartista Rocío Abed y cuñada del también diputado, Justo Zacarías.
Mientras que Lino César Oviedo Marín (el denunciante) es socio comercial del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Consultado al respecto, este último negó inferencia alguna con el caso. “Sé de la querella, pero él (Oviedo Marín) nunca me pidió intervención alguna y yo tampoco lo haría. Creo que lo que se busca es que él retroceda para que no me complique a mí. Que sea la justicia la que decida”, señaló.
ABC Color intentó conversar con Marín pero no respondió a ninguna de las llamadas.