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El histórico Lido Bar, local gastronómico del centro de Asunción, se encuentra en el ojo de una polémica disputa judicial que tiene como protagonista a Lino Oviedo Marín, hijo del excandidato presidencia Lino César Oviedo y socio comercial del vicepresidente de la República Hugo Velázquez.
Llamativa denuncia
Oviedo Marín es uno de los accionistas del céntrico bar fundado por ciudadanos alemanes que decidieron distribuir el capital social entre exfuncionarios del local y algunos conocidos.
En junio de 2019, Oviedo Marín –quien entonces era síndico de la empresa– presentó una denuncia ante la Fiscalía General por supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros.
La denuncia de Oviedo Marín fue contra sus socias Estherlinda Bazán, María de Lourdes Mansito y María del Carmen Portillo (tesorera de la empresa).
Sin embargo, según señalan los abogados de las tres denunciadas, todo el proceso habría estado plagado de irregularidades.
Como primer punto llamativo del proceso, la denuncia fue presentada directamente ante la Fiscalía General del Estado, cuando el proceso habitual es que las denuncias se realicen en la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.
En caso de que cualquier ciudadano pretendiera presentar la denuncia en un lugar como la Fiscalía General, los funcionarios de la misma deberían derivar a la persona a la oficina de denuncias donde debe ingresar la causa y le debe ser asignado un agente fiscal por sorteo.
Los abogados de las denunciadas señalaron como irregular la designación de la fiscala Stella Mary Cano, puesto que la misma no se habría dado de forma aleatoria.
Curiosamente, Cano convocó a las tres denunciadas para prestar declaración testifical y usó esas declaraciones como fundamento para la imputación de Bazán, Mansito y Portillo.
Allanamiento con participación irregular
La fiscala Cano solicitó la realización de un allanamiento que curiosamente pretendía que se realizara en horario nocturno. El pedido fue negado por el juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, quien dispuso que el procedimiento se realizara en horario diurno, cuando se encontraban los funcionarios del área administrativa de la empresa.
En el auto interlocutorio dictado por el juez Amarilla no se observó la aprobación de la solicitud planteada por Cano para la designación de un técnico informático.
A pesar de que no existía la aprobación del magistrado, la fiscal Cano admitió la participación de un tercero en el allanamiento.
Hasta el día de hoy, la fiscala Cano no ha aclarado la participación del supuesto técnico.
Recusada
La fiscala Cano fue recusada por las supuestas irregularidades cometidas en el proceso.
Además, se presentó una denuncia ante la Inspectoría del Ministerio Público que no se ha expedido hasta el momento. Tras la recusación, la causa quedó en manos de la fiscal María José Abed, hermana de la diputada colorada cartista Rocío Abed y cuñada del también diputado, Justo Zacarías.
Vínculos con el poder
Lino César Oviedo Marín es socio comercial del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Ambos son propietarios de la firma El Legendario SA, propietaria de un moderno stud en el que tienen finos y costosos caballos de carrera.
El Legendario es una sociedad con un capital de unos G. 1.500 millones y en la que también es socio Víctor Galeano Perrone, quien fuera conocido como “monje negro” durante el gobierno de Horacio Cartes, por su cercanía con el expresidente.
Velázquez es a su vez esposo de la fiscala adjunta Lourdes Samaniego. Precisamente, según los abogados de las imputadas, el Ministerio Público actuó de forma irregular en todo el proceso.
“Que la justicia decida”
Consultado al respecto, el vicepresidente negó inferencia alguna con el caso.
“Sé de la querella, pero él (Oviedo Marín) nunca me pidió intervención alguna y yo tampoco lo haría. Creo que lo que se busca es que él retroceda para que no me complique a mí. Que sea la justicia la que decida”, dijo.