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El Ejecutivo acaba de anunciar en conferencia de prensa desde Cancillería el veto total al Proyecto de Ley N° 6.640/2020, que autoriza a incorporar gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá dentro del Presupuesto General de la Nación, que va contrariamente a las políticas de transparencia de manejo de los gastos sociales. Esto implica que los millonarios fondos van a seguir manejándose sin un control desde el Gobierno central.
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En un intento por defender la decisión, el ministro Juan Ernesto Villamayor alegó que no buscan obstaculizar el proceso de acceso a la información por parte de la ciudadanía. “Esto no implica no reconocer que existe una gran preocupación por parte de la sociedad respecto a la discrecionalidad y la transparencia”, señaló.
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“Garantizar el control por parte de Contraloría, garantizar la participación del sistema licitatorio en caso de que existan acuerdos entre la entidad binacional y la unidad beneficiada, y garantizar la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Todo esto en base a una sugerencia del presidente de la República, que se llevará a cabo incorporando una norma a la estructura presupuestaria de la mano del Ministerio de Hacienda”, sostuvo Villamayor.
En un momento, mencionó cifras y destinos que tuvieron los gastos sociales desde que asumió Abdo Benítez hasta la fecha, entre los que mencionó US$ 60 millones en Salud, mejoras edilicias en colegios y becas, en lo que respecta a educación, además de obras del sistema de agua potable, entre otros.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, insistió en que en el marco de “avanzar en la transparencia y el control de los gastos socioambientales trabajamos en una disposición legal que nos permitirá garantizar ambas cuestiones (transparencia y control) sin ir contra el tratado y mantener la institucionalidad. Esta disposición permitirá que tanto las inversiones y los gastos realizados por las entidades binacionales para apoyar financieramente la ejecución de proyectos o la compra de vienes y servicios, a los distintos organismos y entidades del Estado, se incorporen y se ejecuten a través del PGN y se rijan por las disposiciones legales aplicadas a la misma”, señaló.
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“Esta disposición autoriza a los organismos y entidades del Estado a la firma de convenios de cooperación con las entidades binacionales y en estos convenios se deben establecer claramente el objeto del mismo, como así también los recursos que serán destinados. Posteriormente, a su incorporación al PGN en particular de cada uno de las entidades del Estado que serán beneficiadas”, añadió Llamosas.
El veto de esta ley genera en la ciudadanía una razón más para dudar de la capacidad de Mario Abdo para renegociar el anexo C del tratado de Itaipú en 2021. Recordemos que al firmar con Brasil un acuerdo secreto que, entre otras cosas, limitará la contratación de potencia paraguaya de Itaipú, de aquí a 2023, se calificó la actitud de Mario Abdo de “totalmente entreguista”.
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En aquel entonces, Mario Abdo había manifestado que Paraguay “ya no podía ser un país pillo. Tenemos que ser un país serio (...) No quiero sentarme en una mesa porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir autoridad e integridad de cara a la negociación que vamos a tener en 2023”, refiriéndose a la renegociación del Anexo C. Fue luego de la renuncia del entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira.