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El intendente Cañete, por resolución N° 407/2020, dispuso la remoción del funcionario de la Municipalidad local atendiendo a que Silva estaba ocupando un cargo de confianza. El intendente señala en la resolución que, en uso de sus atribuciones, que le concede la ley Orgánica Municipal N° 3.966/2010, decidió remover y destituir del cuadro del personal municipal al funcionario Silva Sosa.
En su determinación, el ejecutivo comunal aclara que, atendiendo a lo que dispone la ley de la Función Pública N° 1.626/2013, en su artículo 68, el funcionario incurrió en lo que señala el inciso c) incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus obligaciones; e) incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones establecidas en la presente ley, y f) violación del secreto profesional, sobre hechos o actos vinculados a su función que revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el reglamento o por su naturaleza.
El funcionario -quien desde hacía 9 años trabajaba en la Municipalidad local- manifestó que le sorprendió la decisión del intendente porque considera que su cargo no es de confianza y, ni aunque lo fuere, el ejecutivo municipal debió seguir los procesos legales antes de destituirle.
Explicó que el intendente debió primeramente abrir un sumario administrativo y, a la resulta de dicha investigación, tomar las medidas que considere necesario y no resolver de manera autoritaria, arbitraria e ilegal y mancillando la integridad de un profesional por enemistad manifiesta que tiene con el presidente de la Junta Municipal.
Aclaró que el presidente de la Junta Municipal se fue la semana pasada a solicitar un documento que hace días ya pidieron por nota los concejales a la intendencia, sin tener resultado al respecto. “Como era información irrelevante y atendiendo a lo que estable el acceso a la información pública, le entregué una copia de la planilla”, dijo.
La Junta Municipal en plenaria decidió sugerir al intendente Cañete la reincorporación inmediata del concejal porque consideran que se cometió una injusticia y hubo mal procedimiento al decidir destituir del cargo al funcionario.