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La comunidad de indígenas ñandéva cuya población se asienta en cercanías al distrito de Tte. Infante Rivarola, Departamento de Boquerón, está sin acceso a agua debido a que por un interdicto judicial, en sus tierras se dispuso la no innovación.
Édgar Duarte, director del programa rural de Alter Vida -organización encargada de la construcción del sistema de distribución de agua para la comunidad- explicó que dicho territorio es muy deseado por los ganaderos puesto que está asentado sobre el acuífero Yrendá.
Son 10.000 hectáreas de territorio las que están en disputa y son reclamadas por una empresa ganadera cuyos responsables son Kurt Raimund Friesen Schroder, Miguel Ángel Genaro Muñoz Armas y Oscar Hein Ratzlaff, sindicados por los líderes indígenas como los supuestos invasores.
Duarte contó que al ser un terreno muy álgido era muy difícil que los nativos permanezcan mucho tiempo asentados allí por lo que iban, se quedaban una temporada y luego volvían a salir, justamente por las dificultades que presenta la falta de agua. “El agua es un problema que es tratado en varios medios de comunicación, las comunidades no podían mantenerse por la falta de agua justamente, luego las tierras fueron ocupadas por ganaderos”, explicó.
Según Duarte, fue en una de las salidas de las comunidades cuando los ganaderos presuntamente aprovecharon para instalarse en el predio que ahora reclaman como suyo. Los supuestos invasores realizaron denuncias y varios interdictos.
Supuestamente existe una mensura judicial ordenada por el Indert que tuvo como resultado la confirmación de que los guaraní ñandéva son depositarios de 10.000 hectáreas de tierras entregadas por el Estado paraguayo en 1984.
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Tierras cedidas a ganaderos para desarrollo e inversión
Según Miguel Muñoz, uno de los ganaderos que asentó su empresa en las tierras disputadas, dicha propiedad le fue concedida por el mismo Indert en 2008 en el marco de un plan para inversión y desarrollo rural.
Expresó a ABC Color que dichas tierras fueron supuestamente abandonadas por la comunidad indígena que ahora la reclama y que por ello desde la institución decidieron catalogarlas como fiscales.
Además, indicó que ya en 2011 los indígenas intentaron volver a la propiedad, pero finalmente se retiraron e incluso el líder de la comunidad habría firmado un documento al Indert en el que “reiteró que los nativos ya no habitarían dichos territorios”.
Acusó a la organización Alter Vida de presuntamente arrear a los grupos indígenas para invadir las tierras con el fin de apropiarse de las mismas. “Los indígenas dijeron que ya no tenían nada que hacer ahí y ahora la organización los usa para sus intereses”, señaló.
Igualmente, comentó que existe un litigio judicial en reclamo de retención por mejoras y que no existe proceso de mensura judicial ordenada por el Indert. Aseguró contar con todos los documentos que avalen la concesión de tierras por parte del Indert.