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El vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Dr. Miguel Torres Ñumbay, indicó esta mañana que hasta el momento no hay garantías de cómo van a cubrir el “desingreso” que implicará la aplicación de la ley de arancel cero que ya fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
“Si no tenemos la garantía de cubrir lo que representa el desingreso para las universidades, vamos a tener serias consecuencias”, resaltó sobre la Ley 6.628, “que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud”.
Asimismo, el vicerrector indicó que hay varios conflictos legales que deben ser resueltos. Por ejemplo, señaló que hay una normativa vigente que impide que los Fondos para la Excelencia puedan ser trasladados para otros fines que no sean los ya establecidos por la normativa.
“Habría que ver cómo se implementa. Va a haber una serie de conflictos o choques de reglamentaciones que van a dificultar la aplicación de esta ley”, manifestó.
Sobre cuánto le costaría al Estado esta nueva normativa, indicó que aún no han culminado los análisis al respecto, considerando que se debe calcular el número de estudiantes que van a ser beneficiados por esta ley. Recordemos que solo los egresados de colegios públicos o subvencionados recibirán la exoneración.
En ese sentido, hizo énfasis en que sí podrían terminar los cálculos dentro de los plazos previstos para la reglamentación pero el proceso será muy lento, por lo cual no saben si podrán terminarlo antes del tiempo requerido para el Presupuesto de Gastos de la Nación, en el cual ya deben estar previsto los fondos. Agregó sin embargo que según las estimaciones preliminares, el 60% de la población estudiantil será beneficiada.
Finalmente, señaló que el Consejo de Universidades Públicas debe reunirse para debatir sobre la reglamentación de la normativa para luego conversar sobre las conclusiones con el Ministerio de Hacienda. Confirmó que aún no se han iniciado los debates sobre el proyecto de reglamentación.
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Universitarios solicitarán trabajo en conjunto
Por su parte, el dirigente del Comité del Centro de Estudiantes de la UNA, Mauricio Kiese, señaló que esta semana van a enviar notas al Rectorado, al Ministerio de Educación, a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda para solicitar un trabajo en conjunto para la reglamentación de la ley de arancel cero.
Indicó que buscarán cerciorarse de que todo el proceso se realice correctamente para proteger los derechos del estudiantado. Recordemos que la ley fue promulgada el 4 de noviembre, por lo cual el Ejecutivo tiene aproximadamente hasta la misma fecha de febrero para reglamentarla, considerando que el plazo es de 90 días.
“El objetivo es que se reglamente en diciembre o en enero, porque los recursos ya están contemplados y serán destinados para ese fin. Es importante para que no haya inconvenientes a la hora de la aplicación de la ley o tendríamos que recurrir a un estadio judicial en el caso de que no se reglamente y se quieran cobrar las matriculaciones”, agregó.
Recordemos que la ley original fue modificada en Diputados, donde se redujo la población a ser beneficiada solo a los estudiantes provenientes de colegios públicos y subvencionados. También incluyeron a aquellos alumnos que certifiquen su condición de vulnerabilidad a través de una declaración jurada.
La normativa fue aprobada en ambas Cámaras luego de varias movilizaciones que fueron impulsadas por gremios estudiantiles.
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