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Las ollas populares crecieron con fuerza durante la cuarentena más estricta instalada en el país para prevenir la expansión del COVID-19. El paro total de actividades afectó a los más vulnerables de manera directa puesto que muchos dependían de la recaudación diaria para comer.
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El 26 de agosto pasado el Congreso sancionó la ley de apoyo a las ollas populares de modo a dar una respuesta a las organizaciones que sobrevivían gracias a la solidaridad de la gente. Ya en la segunda quincena de setiembre, los encargados de llevar a cabo estas actividades de beneficencia urgían al Estado la reglamentación de la ley para que pueda ser aplicada, pero esta ayuda todavía no llegó a las organizaciones a ocho meses del inicio de la pandemia en el país.
Al respecto, el ministro Joaquín Roa de la SEN dijo en entrevista con ABC que esta reglamentación continúa en proceso. “Una vez que sale del Congreso eso tiene otra vez su tiempo para que efectivamente nosotros tengamos que implementar el mandato que tenemos en el contexto de ollas populares”, indicó.
Aseguró que el lado positivo consiste en que el equipo técnico de la institución a su cargo está trabajando en lo que va a ser el proceso de adquisición, que engloba pliego de bases y condiciones, además de las especificaciones técnicas de lo que van a adquirir para su distribución. Posterior a eso tiene un llamado, proceso de evaluación y la adjudicación finalmente, explicó.
Agregó que también viendo la posibilidad de adquirir algunos alimentos de la agricultura familiar campesina como zapallo, zanahoria y poroto, a efectos de inyectar un poco de fondos en la agricultura familiar tratando de acompañar el proceso que está impulsando el gobierno nacional. “Estamos buscando el mejor mecanismo. Son un montón de variables que estamos analizando. No queremos quedar cortos en la proyección de los insumos que van a ser entregados”, resaltó.
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La ley en cuestión destina unos G. 35.000 millones a tres instituciones del Estado para la compra de alimentos para las ollas populares, estas son además de la SEN, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Paraguayo del Indígena.
