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“La gente tiene tremendos problemas para volver a sus casas desde sus trabajos. Se ven obligadas a entrar en sobrecostos, encima con la situación actual, porque tienen que buscar otros medios alternativos del transporte. Tenemos una queja generalizada de funcionarios de centros comerciales que ya están recuperando sus horarios laborales y no consiguen el transporte”, dijo.
Asimismo, pidió que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, pueda tomar cartas en el asunto. “Hay una gran preocupación de todos los empleados que tienen que pedir favores para que los busquen o pagar el servicio de taxi o de Uber, con los costos que eso implica, atendiendo encima la difícil situación económica”, expresó.
Se le consultó sobre esta situación al viceministro de Transporte, Pedro Britos, quien prometió mejorar la fiscalización y recordó que las empresas que incumplan con sus frecuencias pueden ser sancionadas con multas de hasta 45 jornales mínimos (G. 3.795.300).
“Se normalizó el transporte público, no digo que no haya (regulada), pero para nosotros es importante identificar qué líneas. En ese caso realizamos una fiscalización de frecuencia para constatar y aplicar la multa, pero sobre todo estar encima hasta que se regularice la frecuencia”, señaló.