Imputan a representantes de grupo inversionista

La fiscal Liza Martínez, formuló imputación contra los representantes legales del grupo Vimérica y de la empresa Signature, por incumplimiento en las medidas de mitigación ambiental y por supuestamente haber dividido un “islote” en la zona de refulado para la Isla San Francisco.

La Isla San Francisco será explotada por el conjunto inversionista Vimérica, que prevé varias unidades de negocios en la zona, a operar desde el 2023.
La Isla San Francisco será explotada por el conjunto inversionista Vimérica, que prevé varias unidades de negocios en la zona, a operar desde el 2023.Archivo, ABC Color

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Los representantes legales del conjunto inversionista Vimérica SA y de la firma Signature SA, Rodrigo Iturralde y Paul Norman Hellmers, respectivamente, fueron imputados hoy por la fiscal Liza Martínez. Ésta explicó que de acuerdo a las averiguaciones se constató que la empresa Signature realizó el refulado en una zona no autorizada por el Mades y que con esta acción habría partido un islote, que según el último informe del Mades, es un banco de arena.

La representante del Ministerio Público dijo que efectivamente la empresa tiene permiso para refular, pero cerca del “islote”. Además, habló de que hubo incumplimiento en las medidas de mitigación. Por este caso, ya declaró el año pasado Iturralde y para el jueves próximo fue citado el señor Hellmers.

Dicha imputación se da una semana después de que se pidiera prisión preventiva para el titular del Sindicato de Pescadores Profesionales del Río Paraguay, Camilo Arrúa, por supuestamente atentar contra las actividades de refulado que encara en la zona la firma Signature.

Inversión de US$ 150 millones

El grupo Vimérica, de capital local y extranjero, prevé ejecutar un megaplán en la Isla San Francisco de Limpio, que consiste en un centro de entretenimiento, con casino, parque de diversiones, hoteles, restaurantes, área de marina, entre otros. La inversión inicial -según indicaron- asciende a US$ 150 millones.

Tras la publicación en el 2019, se dieron una serie de reclamos al grupo inversor. Por una parte, varias asociaciones y el sindicato de pescadores pidieron resarcimiento. Sobre este caso en específico, se llegó a un acuerdo con cuatro asociaciones y no con el sindicato, que pide G. 80 millones por socio, pues alegan que se vieron afectados en sus canchadas por la actividad del refulado. Además, la Conaderna pidió informes sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

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