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El primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del fracasado proyecto del metrobús, sigue su curso y en diciembre de este año le tocará al Estado paraguayo demandar a la firma portuguesa ante el mismo tribunal que fue conformado, según informó ayer a ABC la Procuraduría General de la República (PGR).
“El arbitraje sigue su curso en el tribunal ad hoc y en diciembre el Estado paraguayo tiene que contestar esa demanda y, también, nosotros como representantes del país le vamos a demandar a la firma Mota Engil, porque es la única responsable de la falta de culminación de la obra, de la terminación del contrato”, expresó el procurador, Sergio Coscia.
Resaltó que, en dicha demanda, van a reclamar todos los daños que la empresa ocasionó al país en la malograda obra, pero no cuantificó aún el resarcimiento que pedirán. “Esa demanda se presentará ante el mismo tribunal (del arbitraje en curso). El plazo para contestar (la demanda de Mota) vence a finales de diciembre para que podamos responder. Ahora estamos demandados y después ellos van a estar demandados”, expresó el alto funcionario.
Recordemos que el tribunal de este arbitraje está presidido por el brasileño José Emilio Nunes Pinto y, en su momento, ordenó al Estado a que se abstenga de ejecutar las pólizas que tengan que ver con el rescindido contrato, mientras dure el juicio del arbitraje. Empero, la Procuraduría insistió que el pedido del colegiado era inaplicable. “Esas exigencias ya las rechazamos todas”, señaló Coscia, cuando se preguntó sobre estas disposiciones.
Justamente, el MOPC ya había reclamado las dos garantías vigentes cuando se hizo este pedido del Tribunal (por unos US$ 12,2 millones al cambio de ahora), que son por la garantía de fiel cumplimiento (de Royal Seguros por US$ 5,8 millones) y por el anticipo (del Banco Itaú por US$ 6,4 millones). Royal optó por depositar el monto que le reclamaron en una cuenta judicial y el banco Itaú no entregó el monto que le fue reclamado (solo entregó US$ 4,3 millones).
Vale señalar que el arbitraje se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominado Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota Engil buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato.
El MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30% de lo proyectado en el metrobús, y en el arbitraje internacional en curso solicitó otros US$ 25 millones más por los supuestos “daños” que le causó la obra. Los tramos 2 y 3 se adjudicaron a Mota por US$ 54 millones, en febrero del 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).