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El exfuncionario Gilberto Arriola Garay, exdirector de la Juventud en la institución departamental, denunció al gobernador Hugo Javier por malversación de fondos por G. 2.000 millones, tráfico de influencias y producción inmediata de documento público de contenido falso.
Al respecto, el ordenador de Gastos de la Gobernación dijo que todo es una “falacia” y aseguró que cuenta con todos los documentos que avalan una transferencia transparente. Expresó estar a disposición de la Justicia.
Los concejales liberales Benita Jara, Adrián Vaesken, Roque Ávalos, Jorge Rolón, Derlis Larrosa, Atilio López, Dilio Ortiz, Laura Moreira, Daniel Ferreira y la colorada cartista María Sixta Estigarribia presentarán una minuta en la sesión de este jueves a la Junta Departamental, solicitando la conformación de una comisión de investigación sobre la denuncia hecha por el exfuncionario Gilberto Arriola.
La edil Estigarribia dijo que aunque sus once colegas leales al gobernador, que hacen mayoría en la Junta, no estén de acuerdo en conformar la comisión, igualmente solicitarán una serie de documentaciones referentes a los fondos competentes a las becas universitarias.
Además, destacó que desde que el gobernador Hugo Javier asumió al cargo ningún solo proyecto, licitación, adenda, firma de convenio, entre otros, ingresó al legislativo para su análisis, aprobación o rechazo. Al respecto, indicó que en reiteradas ocasiones realizaron esas observaciones y que tanto la bancada liberal conformada por los citados arriba como ella pidieron informes que fueron cajoneados en la misma Junta por sus colegas leales a González.
Óscar Riquelme, abogado del denunciante, dijo que aún no se designó al fiscal que llevará a cabo la investigación.
Denuncia por supuesto desvío de fondos
Gilberto Arriola Garay, exdirector de la Juventud, explicó que fue contratado en agosto de 2018, cargo del que fue separado en agosto de 2019. Aseguró que en su ausencia ocurrió el hecho de corrupción. El mismo se encargaba de las gestiones para el concurso y posterior concesión de becas universitarias otorgadas por la Gobernación del departamento Central a jóvenes de escasos recursos.
El beneficio consiste en el pago de matrícula, cuotas mensuales y derechos a exámenes finales ordinarios correspondiente al año lectivo.
Arriola Garay menciona en su denuncia que la Gobernación tenía un presupuesto total de G. 4.700 millones para el ejercicio fiscal 2019 para las becas, pero asegura que un poco más de G. 2.000 millones fueron desviados.
Según la denuncia presentada al Ministerio Público, las universidades que suscribieron un convenio con la Gobernación de Central fueron diez en total, de las cuales cuatro habrían recibido más dinero de lo correspondiente por la cantidad de alumnos y por el costo real de las carreras a las que accedieron.
Entre las mismas figuran el Instituto Superior en Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística, con 13 alumnos becados, que debió recibir la suma de G. 79.020.000, pero se le pagó G. 86.922.000. También se cita a la Universidad Tecnológica Intercontinental, con 57 alumnos becados, que debió percibir G. 244.416.000, pero se le pagó G. 256.636.800. El Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz, con 17 alumnos, debió recibir G. 90 millones, pero se le pagó G. 99 millones.
El caso de la cuarta universidad es el que más llama la atención: se trata de Nihon Gakko, con 93 alumnos, que debió recibir por el pago del año lectivo 2019 la suma de G. 492.330.000, pero la Gobernación le pagó la descomunal suma de G. 2.929 millones. Cada carrera costó aproximadamente G. 26 millones.