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Ayer, en el inicio del juicio oral, la Fiscalía solicitó la exclusión de uno de los audios presentados por una de las defensas en el caso conocido como “audios filtrados”, por considerar que fue obtenido de manera ilegal.
Esta mañana, la fiscala Natalia Fúster destacó que realizaron ese pedido teniendo en cuenta que ya durante el transcurso de las investigaciones decidieron la exclusión probatoria de todos los audios divulgados por ABC Color debido a que “no superan el control de legalidad” por no haber sido solicitados por un juez.
Sin embargo, acotó, el objetivo es evitar un posible incidente de nulidad total por parte de la defensa, teniendo en cuenta que para la Fiscalía ya se han obtenido todas las pruebas necesarias para sostener la acusación sin contar con los audios.
Es decir, la fiscala afirma que cuentan con pericias documentales, expedientes en la Corte, cruces de llamadas obtenidos legalmente y los testimonios necesarios para confirmar la comisión de los hechos de asociación criminal y tráfico de influencias.
Resaltó que, de la gran cantidad de casos detectados en los audios filtrados, pudieron comprobar tres. “Estos audios dieron origen a una investigación y a través de los elementos recolectados se pudo armar una causa. Por supuesto que vamos a sostener esa línea (…) Que podamos sostener estos casos bien fundamentados y con elementos va a ser suficiente para obtener una condena, que es lo que estamos buscando”, agregó en contacto con ABC.
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La fiscala aseguró que encontraron irregularidades que van a ir dando a conocer en el transcurso del juicio. “No es que hacemos el reconocimiento de las voces de los audios sino (comprobamos los hechos) con el trabajo de todas las gestiones vinculadas”, añadió en otro momento.
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Veinte denuncias anuales
En otro momento, la agente fiscal señaló que cuando estaba a cargo de la Unidad Penal de Luque recibían al menos 20 denuncias anuales por parte de la familia González Daher en torno al cobro de dinero. No respondió si no le parecía suficiente para iniciar una causa por usura, pero manifestó que no todas las causas iniciadas por los hermanos corrían en su unidad.
Sobre las acusaciones en torno a posibles causales de inhibición, la fiscala aseguró que no cree que exista ninguna y adelantó que cuando acabe el juicio oral del caso audios filtrados va a iniciar una acción penal contra Federico Campos López Moreira, de la Coordinadora de Víctimas de Usura de RGD. Incluso, indicó que ya presentó una medida restrictiva en contra del mismo.
“Es algo que él (Campos López Moreira) sostiene, no prueba nada, se metió en el ámbito personal, nombra a mi marido, afecta a mis hijos pequeños. Voy a seguir porque está rayando la barrera de la crítica y exponiendo a situaciones que puedan herir la integridad”, agregó.
“Personalmente, no me vi en la necesidad de inhibirme por ningún motivo, entonces estamos haciendo el trabajo como corresponde”, resaltó e indicó que ella sigue la misma línea de los más de doce fiscales que le antecedieron en la causa y fueron recusados o se inhibieron por diversas causales.
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Recordemos que el Tribunal de Sentencia que juzgará a OGD, Lippmann, Oviedo Matto y Caballero está presidido por el juez Juan Carlos Zárate e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.
El ex legislador colorado está acusado por supuesta asociación criminal y tráfico de influencia, junto a su exsecretario en el JEM Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero. Por su parte, el también exsenador Jorge Oviedo Matto está acusado pero solo por tráfico de influencia.
El caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) saltó en diciembre de 2017 y sacó a la luz el esquema de corrupción que lideraba el entonces senador Óscar González Daher.
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