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El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) convocó a otras 10 instituciones del Estado para integrar una asistencia integral a niños, niñas, adolescentes víctimas de trata de personas que regresaron al país en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus.
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Desde marzo a julio último regresaron al territorio nacional 123 niñas, niños y adolescentes no acompañados, que presentaban indicadores de explotación en Brasil. La mayoría de estos menores de edad llegaron desde San Pablo; de este total el Ministerio Público certificó que 68 adolescentes están certificadas como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público mientras que el resto de los casos siguen en proceso de investigación.
En el encuentro, la ministra Esperanza Martínez expresó su preocupación por la apertura de las fronteras, debido a que estaría nuevamente en curso el proceso de captación de futuras víctimas. “Hay que adoptar las medidas de protección a los efectos de que no vuelvan a caer víctimas de estas redes de trata”, puntualizó.
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La ministra declaró además que incluso algunas menores de edad llegaron embarazadas y dieron a luz en los albergues. "Podemos decir que tenemos como una situación completa y compleja que ya tenemos que ir abordando desde las distintas instancias para que esto se pueda revertir realmente, de lo contrario es más de lo mismo: se recepciona la denuncia, se condena a los responsables, pero las víctimas quedan ahí en las mismas condiciones. Son instrucciones del Gobierno, que actuemos articuladamente a los efectos de dar respuesta efectiva a estas víctimas que están retornando al país”, aseveró.
Comentó además que se llevó a cabo un relevamiento técnico de las situaciones detectadas en los análisis socioambientales y sicosociales realizados a estas víctimas. Resaltó que la pobreza es uno de los principales factores de vulnerabilidad por lo que decidieron convocar también a instituciones como el Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Salud, para que puedan intervenir y ayudar a contrarrestar las vulnerabilidades.
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El defensor adjunto Édgar Ríos explicó que estuvieron trabajando en casi todos los casos mencionados de trata, por lo que en la estatal decidieron elaborar protocolo interno de acompañamiento con posterioridad a la intervención judicial que realizan. Este seguimiento será incluso de tres a cuatro meses con el objetivo de verificar que el lugar donde fue reinsertado el niño o adolescente esté en buenas condiciones.
"Como experiencia nos sirvió para prevenir la reincidencia de los casos y estamos también trabajando a fin de adaptar, porque el protocolo que habíamos hecho era exclusivo por el tema de la pandemia: cómo íbamos a trabajar en los albergues de la Codena, cómo íbamos a intervenir, y cómo hacer esos seguimientos; pero estamos en el proceso de adaptar para que sea de manera permanente. Como institución queremos dejar un protocolo de actuación que sirva en adelante para esa prevención de reincidir y no caigan nuevamente en manos de personas que le pusieron en esta situación”, puntualizó.
Además de las instituciones ya mencionadas, participaron del encuentro el viceministro de Protección Integral de Derechos del MINNA, Eduardo Escobar; el director general de Asuntos Consulares, ministro Juan Ignacio Livieres; así como representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Repatriados, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de técnicos de la Dirección General de Asuntos Internacionales del MINNA.