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El requerimiento conclusivo planteado por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera para las quince personas procesadas como derivación del Operativo Llamada -que consistió en 15 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y Asunción realizados en julio del año pasado- es como mínimo llamativo.
La Fiscalía acusó a uno de los procesados por producción de documentos no auténticos -Carlos Gustavo O’Higgins, accionista y presidente de F. G. Trading SA-, requirió sobreseimiento definitivo para uno, sobreseimiento provisional para seis y suspensión condicional para el procedimiento por evasión de impuestos y asociación criminal para siete.
Este último requerimiento beneficiaría a Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo. Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, respectivamente.
Hay varios delitos
Como condición para acceder a dicho beneficio, la Fiscalía pidió establecer un plan de pago de impuestos y multas, más una donación. Los pagos parciales de impuestos ya se realizaron, según informaron los defensores en la audiencia preliminar.
Consultamos con el abogado penalista Rodrigo Yódice, exfuncionario de la asesoría jurídica de la SET, a cuyo criterio dicha salida no sería aplicable al caso, principalmente por la existencia de varios delitos.
“La salida procesal planteada por los fiscales de Delitos Económicos no sería aplicable al caso en concreto, puesto que al tratarse de un concurso de hechos punibles, uno de los cuales incluso tiene una expectativa de sanción de hasta diez años como es el caso de la evasión impositiva”, dijo Yódice.