La Contraloría sostiene que existen indicios de corrupción en Concepción

El 29 de octubre último, la Contraloría General dio a conocer un informe sobre supuesta malversación de fondos en la municipalidad de Concepción. El documento pone en aprietos al intendente y a Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.

Cuando se trata de los Urbieta, Sandra Quiñónez cierra la boca.
Cuando se trata de los Urbieta, Sandra Quiñónez cierra la boca.

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El 29 de octubre último, la Contraloría General de la República hizo público el resultado de una auditoría de gestión realizada en la Municipalidad de Concepción.

Según el informe contable, existen indicios de malversación de fondos públicos. Se estima que se gastó en forma indebida un monto que supera los 6.000 millones de guaraníes, un millón de dólares al cambio actual.

Los auditores de la Contraloría verificaron la documentación contable relacionada a la restauración del Teatro Municipal de Concepción.

De acuerdo a la información, la Municipalidad de Concepción, cuyo intendente es Alejandro Urbieta (PLRA), autorizó la refacción del teatro, según consta en la orden de operaciones número 310 con fecha 30 de enero de 2018.

Las obras fueron realizadas con base en un proyecto presentado por el arquitecto Hugo Antoniolli Lucca, quien también cumple funciones de director de patrimonio en el Ministerio de Defensa Nacional.

El trabajo fue realizado por la empresa VC Construcciones, del ingeniero Américo Vera.

Vergonzoso manejo de los fondos

La firma VC Construcciones efectuó las reparaciones encomendadas, pero el municipio sigue debiendo 500 millones de guaraníes al ingeniero Vera por esos trabajos.

Alejandro Urbieta señaló que se realizó un préstamo de G. 5.800 millones de un banco de plaza para financiar la recuperación del teatro.

La municipalidad lleva ocho meses sin pagar las cuotas al banco. Ahora logró refinanciar la deuda y se comprometió a pagar en los próximos días 300 millones de guaraníes; el total pendiente de pago es de 1.058 millones de guaraníes.

Sandra Quiñónez, en aprietos

La Contraloría General remitió copia del resultado de la auditoría a la Fiscalía General del Estado.

El documento está titulado “Reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio” y corresponde a la fiscala general del Estado designar un equipo de fiscales especializados en delitos económicos para iniciar la investigación ante la denuncia oficial de Contraloría.

El problema surge porque Sandra Quiñónez no investiga denuncia alguna que afecta al clan Urbieta.

Tanto el diputado Luis Urbieta como su hermano Alejandro, intendente de Concepción, disfrutan de una suerte de impunidad desde la misma Fiscalía General.

roque@abc.com.py

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