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Al respecto habló el titular de la Essap, Natalicio Chase, quien argumentó que esos G. 4.000 millones equivalen a un porcentaje (arancel) del total que por Ley le corresponde cobrar a la Escribanía. Llamativamente, la escribanía hizo un “gran descuento” a la Essap para el cobro por la escritura.
“Referente a los honorarios profesionales y gastos administrativos sobre la suma de G. 489.904.910.000 y el presupuesto legal es de G. 4.043.002.821, y teniendo en cuenta el momento económico que pasa el país, dicho presupuesto lo dejo en G. 1.000.000.000”, dice parte de la propuesta de parte de la escribana Ana Graciela Llano Viera.
En este sentido, Chase sostuvo que actualmente existe un proceso de quita del 20% de esos G. 1.000.000.000, para que el monto quede en G. 800.000.000. “Está en trámite. Una vez que presente el 20% se enviará a la Procuraduría para que dé su dictamen y exponga si está o no acuerdo con el monto”, acotó el titular de la Essap.
Confirmó que para este servicio no se hizo concurso alguno y que la escribanía fue elegida porque “es una firma que trabaja hace ocho años con la Essap”, según Chase.
¿Pudo haber sido gratis?
Señaló que dicho trámite no se realizó por la Escribanía Mayor de Gobierno porque está fuera de las atribuciones. “Ya no puede hacer ese tipo de actos, está prohibido por Ley”, refirió el titular de la Essap.
Consultado si la Essap tiene recursos para el pago de la escritura pública, dijo que verán si lo hacen “en fracciones por año” y que serán de “recursos propios”.
La llamativa operación se da en medio de una ola de críticas al ente, que diariamente deja sin agua y hace vivir un suplicio a sus centenar de usuarios.
Caso escribano Jorge “Koky” Fernández Zaván
El caso de Essap se relaciona a lo que ocurrió en el 2006 con el escribano Jorge Fernández Zaván (+), que habría cobrado US$ 500.000 por realizar la escritura de traspaso de Antelco a Copaco.
La operación se realizó durante el gobierno de Luis Angel González Macchi, amigo íntimo del notario, y quedó al descubierto con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que sostuvo que el Estado sufrió un perjuicio de más de G. 2.000 millones, pues el trámite pudo haber sido realizado por la escribanía mayor de gobierno, sin costo.
En el 2007 Fernández Zaván demandó a la Copaco por 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, a raíz de la denuncia presentada por el abogado de la telefónica en el 2006 y que, sostuvo, motivó su procesamiento. El abogado que llevó adelante la demanda es el actual procurador general del Estado, Sergio Coscia.
El 10 de noviembre del 2008 la Copaco fue condenada a pagar G. 300 millones al “escribano amigo” más intereses. El 11 de mayo del 2015 el Tribunal de Apelación, 1ª sala, revocó este fallo y rechazó la demanda indemnizatoria.