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Ortega destacó que el último paso al realizar las auditorías es la elaboración de reportes para que la Fiscalía confirme la comisión de hechos punibles. En ese sentido, contó que encontraron irregularidades en municipalidades como las de Asunción, Hohenau, Nueva Colombia, Ñacunday y Concepción, por ejemplo.
También realizaron auditorías a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). En ambas instituciones detectaron presuntas malversaciones de fondos.
En total, el director jurídico estimó un presunto perjuicio aproximado de G. 357.169 millones, alrededor de US$ 54 millones. Aclaró que esa cifra puede ser mayor o menor, dependiendo de los resultados de las investigaciones que deberá realizar el Ministerio Público, que tiene competencia para intervenir más profundamente e investigar la comisión de hechos punibles.
En el caso de la ANDE, contó que auditaron como muestra el periodo comprendido entre 2010 y 2013 y se detectó el pago de obras que no fueron entregadas conforme a lo establecido en los contratos. “Se pagaron por obras que no cumplían con las especificaciones técnicas”, resaltó.
Mientras tanto, en Senasa recabaron datos de los años 2017 y 2018, detectando por ejemplo que se construyó una planta de tratamiento realizando un pago irregular del anticipo del 30%, unos G. 1.350 millones, aproximadamente.
Además, constataron que una obra financiada por la entidad fue construida en un predio que no pertenece a la Senasa y se encuentra a 4 kilómetros de distancia de lo establecido en los permisos ambientales.
Asimismo, detectaron que una obra que debía ser culminada en 5 meses fue entregada 5 años después del inicio, sin que se hayan aplicado multas correspondientes. Solo por ese caso se habla de una presunta malversación de G. 1.300 millones.
Municipalidad de Asunción
Por otra parte, también detalló los casos de diferentes municipios en los cuales detectaron presuntos hechos irregulares. Por ejemplo, mencionó a la Municipalidad de Asunción, donde auditaron el lapso 2016-2019. Indicó que el primer cuestionamiento fue el hecho de que la Junta fungía de ordenador de gastos, pese a que la Ley Orgánica Municipal establece claramente que solo debe ser un órgano legislativo que tiene que controlar la ejecución presupuestaria de la Intendencia.
Destacó que el monto asignado por la Junta en esos dos años fue de G. 36.000 millones. “Pese a que el descargo fue que estaban amparados en una ordenanza, para nosotros fue insuficiente porque una ordenanza no puede estar por encima de la ley”, puntualizó. Recordemos que en ese entonces el presidente de la Junta Municipal de Asunción era el actual intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Señaló que también detectaron irregularidades en obras cuyos perjuicios oscilaban entre G. 176 millones y G. 509 millones cada una.
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Cheques a nombres de funcionarios municipales
En la Comuna de Nueva Colombia, lo más llamativo fue el faltante de G. 1.123 millones por cheques que fueron emitidos a funcionarios municipales sin el correspondiente respaldo documental. “La Municipalidad no supo explicar para qué ni por qué se emitían esos cheques a nombre de funcionarios”, resaltó.
También en la Municipalidad de Concepción encontraron varias presuntas irregularidades. Por ejemplo, el pago de G. 959 millones por obras que no cumplían con las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas. Recordemos que a finales del mes pasado, la Contraloría General dio a conocer un informe sobre supuesta malversación de fondos en dicha comuna, durante el mandato del intendente Alejandro Urbieta.
En la Municipalidad de Hohenau detectaron obras que no coincidían con lo establecido en el contrato por la Municipalidad y ciertas especificaciones técnicas del llamado a licitación. Lo mismo se constató en la Comuna de Ñacunday: grandes diferencias por obras que no fueron ejecutadas correctamente.
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