Elevan a juicio causa por supuesta violación de cuarentena contra la dirigente social Esther Roa

La abogada María Esther Roa, referente del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (Cace) que fue imputada por participar de una manifestación frente al Panteón de los Héroes contra la corrupción, donde supuestamente se violó la cuarentena sanitaria por aglomeración de personas, deberá enfrentar juicio oral y público según dispuso el juez penal de Garantías Julián López. La dirigente social ratificó que la intención de este proceso es acallar a los que se manifiestan y remarcó que no pondrá ningún obstáculo para que se lleve a cabo el juicio, así en el caso de ser condenada, poder denunciar el hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por esta manifestación del 3 de junio pasado frente al Panteón, hay activistas imputados.
Por esta manifestación del 3 de junio pasado frente al Panteón, es que fueron imputados varios activistas contra la corrupción.Archivo, ABC Color

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Roa destacó que este es el primer caso de supuesta violación a la cuarentena sanitaria que llega a juicio oral y público y la causa se inició por la caravana contra la corrupción que realizaron el 3 de junio pasado, en repudio a las sospechas de corrupción en licitaciones ligadas a la pandemia de COVID-19.

La abogada insistió en que el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz insistió en pedir la elevación a juicio en este caso, incluso pese a que ni siquiera pudo refutar hechos como que los acusados utilizaron tapabocas, requisito establecido en las disposiciones sanitarias en el caso que eventualmente haya una aglomeración de personas, hecho que destacó fue al aire libre.

“Yo puedo pensar que no cometí el hecho porque estaba permitido estar en un espacio público con tapabocas, eso por un lado, y por el otro lado consideré que la conducta es atípica, que no está tipificado por el Código Penal, (...) pero a pesar de todas las impugnaciones que hice, la nulidad de la acusación, la excepción de falta de acción y una acción de inconstitucionalidad, aún así el juez que podía resolver no lo hizo, prefirió dar trámite y elevar a juicio”, sostuvo.

Mencionó que el juez López le ofreció una salida procesal, pero con la condición de que admita el supuesto delito, pagar una multa y se someta a medidas impuestas que incluían el dejar de participar de manifestaciones. “Mi rol de activista social si acepto eso, si acepto que salir a protestar es un delito, yo dejaría el activismo, tendría que quedarme en mi casa a hacer otra cosa, pero no lo que vengo haciendo hace bastante tiempo”, apuntó.

“Así que decidí someterme a la justicia, facilitar y no poner ningún obstáculo y que voy a acatar lo que resuelva el juzgado, y en ese momento voy a articular mi defensa, y si se confirma una hipotética condena, yo voy a llevar esto a la Corte Interamericana, para demostrar que en Paraguay, salir a protestar contra la corrupción y la impunidad, se criminaliza”, adelantó.

Alertó que a su criterio, este caso tiene el único fin de amedrentar a los manifestantes contra la corrupción. “Hay un dato muy importante acá, es el único caso en todo el Paraguay donde el Ministerio Público solicitó la elevación a juicio, no hay otro caso”, comentó y agregó que la actuación del Ministerio Público “tiene una lógica perversa, porque aquí no se castiga el hecho, sino mi pensamiento, ellos lo que están buscando es mi silencio".

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