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Señalan que la Comisión Verdad y Justicia, tras la investigación realizada, emitió un informe final, luego del cual el Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado en todas las violaciones de los derechos humanos denunciados en el Informe, pidió perdón a las víctimas de tales violaciones, y posteriormente declaró de “interés general el Informe de la CVJ, su divulgación y la implementación de las recomendaciones formuladas” (Decreto 1875/23/04/09).
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“El reconocimiento de la verdad de los hechos ocurridos en ese nefasto periodo de nuestra historia, del 54 al 89, conlleva la obligación de una reparación integral como exige la justicia, la que implica, según la ONU: 1) la restitución de lo robado al país, como las 7.851.295 has. de tierras mal habidas; 2) la indemnización a las víctimas; 3) la rehabilitación de quienes quedaron con secuelas de los maltratos sufridos; 4) la satisfacción, o sea las medidas administrativas para la no repetición, (mediante la educación, la difusión del Informe, el castigo de los victimarios, etc.)”, sostiene la Mesa Memoria Histórica.
“Ante el actual rebrote del autoritarismo y el recrudecimiento de los despojos a campesinos e indígenas de sus tierras, por extranjeros y latifundistas, en detrimento de nuestra soberanía territorial, es urgente la implementación de las Recomendaciones de la CVJ. La verdad nos hará libres y la justicia producirá la paz, tan necesaria en la convivencia nacional”, añadieron.