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El referido proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el año pasado al Congreso, fue blanco de críticas de parte de diversos sectores económicos y de legisladores, que sostienen que empeorará la crisis económica de las empresas y de personas afectadas por la cuarentena sanitaria, además de contar con artículos inconstitucionales, entre otros.
Taboada explicó que el proyecto de ley contempla herramientas de innovación que permite llevar el proceso de diferentes formas, que la ley vigente de quiebras no ofrece actualmente.
En ese contexto, mencionó el acuerdo extrajudicial de reorganización, la preservación del empleo, de los bienes, la suspensión temporal de la ejecución, la suspensión de garantías reales y del crédito laboral, entre otros.
Sostuvo que las críticas efectuadas al proyecto apuntan principalmente al artículo 9, donde se habla del deber del deudor de pedir la convocatoria de acreedores o quiebra y la preocupación por el plazo establecido.
Expresó que la única finalidad es evitar la inacción con la demora del deudor y que se agrave su situación patrimonial, buscando estimular la negociación extrajudicial entre deudores y acreedores.
Insistió en que la ley da oportunidad de que la empresa se dé cuenta que va a entrar en insolvencia y pueda llamar a los acreedores para tomar la decisión de ir a convocatoria de quiebra o un acuerdo extrajudicial de reorganización. Además, el plazo puede ser ampliado.
A su criterio se facilita llegar a un acuerdo y evitar entrar en el sistema judicial, ya que se certifica ante escribano y luego es homologado por un juez.