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Blanca Vargas de Caballero, colorada cartista, es una de las diputadas del departamento de Alto Paraná. La oriunda del distrito de Minga Guazú no es conocida precisamente por sus intervenciones brillantes en el pleno de la Cámara Baja, sino más bien por los muchos cuestionamientos que pesan en su contra.
Proveedora de su marido
Cuando asumió como legisladora en 2013, manifestó tener un patrimonio neto de G. 10.064 millones en su declaración jurada de bienes y rentas.
Al asumir por primera vez el cargo afirmó que son suyas tres empresas, dos de las cuales son proveedoras constantes de la Municipalidad de Minga Guazú, donde es intendente su marido, Digno Caballero.
Vargas de Caballero dijo ser propietaria de las empresas T y F SA, Po Kuarahy SA y Dimafre SA. La primera es una gasolinera; la segunda, una proveedora de piedras y la tercera, fábrica de muebles.
La Comuna de Minga Guazú, encabezada por el marido de la legisladora, entregó a dos de las empresas contratos por G. 3.444 millones. Adjudicó además, unas 14 licitaciones a Po Kuarahy SA, una cantera perteneciente a la diputada Vargas, por un valor global de G. 1.417.848.420. Igualmente favoreció con 26 millonarios contratos a Dimafre SA, otra firma de Vargas, por un total de G. 2.026.598.500.
Luego de que la Corte Suprema ordenara publicar las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República, quedó de manifiesto el vínculo entre las proveedoras del municipio y la diputada. Esto generó varias manifestaciones exigiendo el fin de la corrupción en esa zona del país.
Esposo denunciado
Los ediles colorados disidentes Édgar Franco, Eudes Mereles, Proto Meza y Óscar Romero Roa denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a Caballero, esposo de la diputada e intendente de Minga Guazú, por supuesto desfalco de G. 716.639.380. La cifra había desaparecido de las cuentas de la Comuna en 2019, según los denunciantes.
Los denunciantes hablaban además de una presunta malversación de G. 690 millones de los fondos de royalties y un dudoso pago de G. 32.496.156 a la cuñada del intendente Asunción Elizabeth Vargas de Rojas en concepto de “indemnización”, pese a ser un retiro voluntario.
El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue designado para investigar al jefe comunal.
En su defensa el intendente dijo que las acusaciones son falsas y que está abierto a que se revisen las documentaciones.
Como si todo eso no fuera suficiente, Caballero fue imputado por la Fiscalía por supuesto delito ambiental, tras habilitar el funcionamiento de un vertedero de basura sin licencia expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
El intendente Caballero fue imputado por la Fiscalía tras habilitar el funcionamiento de un vertedero a la empresa Serteco pese a no contar con licencia ambiental.
La investigación se inició con la denuncia presentada el 5 de junio de 2020 por la empresa Ecología Verde, que mantiene una puja con Serteco por el tratamiento y recolección de basura en Minga Guazú. Además de no contar con licencia, se constató que los residuos eran arrojados en un predio de aproximadamente tres hectáreas sin relleno sanitario ni fosa para el depósito de lixiviados.
Atropelló para liberar carga
El hermano de la diputada, Nicolás Vargas (ANR, cartista), es intendente del distrito de San Vicente Pancholo en San Pedro y fue imputado por atropellar una comisaría para “rescatar” a su hermano apresado.