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Luis Adolfo Urbieta Cáceres llegó en 2018 a la Cámara de Diputados de la mano del movimiento Colorado Añetete, encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Antes ocupó el cargo de gobernador de Concepción, al que llegó gracias al movimiento Honor Colorado, administrado por el expresidente Horacio Cartes.
Durante sus años al frente del Ejecutivo departamental fue denunciado en diversas oportunidades por supuestos hechos irregulares.
La primera acusación llegó ya en 2015, realizada por la Junta Departamental.
El legislativo solicitó en junio de 2015 a la Contraloría General de la República (CGR) auditar la gestión del entonces gobernador, por irregularidades en el uso de G. 5.000 millones del rubro de Emergencia Nacional, así como malversaciones y falta de documentos en la ejecución presupuestaria de la jefatura departamental.
El cuerpo colegiado reunido se ratificó en el rechazo de la ejecución presupuestaria, financiera y patrimonial del ejercicio fiscal 2014 de la Gobernación del primer departamento, y decidió presentar la denuncia ante la Contraloría General de la República.
La mayoría de los concejales denunciaron malversación del fondo público y graves irregularidades en el manejo de esos G. 5.000 millones que recibió el gobernador Urbieta para la emergencia de aquel entonces. También cuestionan pago por obras inexistentes en el departamento. “Existen graves irregularidades en la administración del dinero público y en especial del dinero que recibió la Gobernación para la emergencia. Hay pagos a proveedores sin documentos respaldatorios, como así también pagos dudosos”, explicó el concejal liberal Félix Ibáñez.
Este llegó hasta Asunción para presentar ante la Contraloría el pedido de auditoría aprobado por ocho de los 12 concejales. "La Gobernación, por ejemplo, pagó en el mismo día dos precios por la semilla de habilla. Desembolsó G. 3.000 por kilo para unos productores y, en el mismo día, a otro pagó a G. 5.000 el kilo; “pero estamos hablando de unos cinco a 10.000 kilos, que es mucho dinero”, especificó.
Ante la Fiscalía
Los concejales departamentales de Concepción ya habían delatado en marzo de aquel año (2015) al gobernador Urbieta ante el Ministerio Público por el robo de neumáticos de la sección de Obras de la Gobernación. Más de 61 cubiertas nuevas de diferentes medidas desaparecieron del depósito de Obras de la Gobernación dirigida por Urbieta.
No rendía cuentas
Un examen especial de la Contraloría a la ejecución de recursos transferidos por Hacienda en concepto de royalties y Fonacide a la Gobernación de Concepción, en los años 2013 y 2014, reveló el pago de millonarios montos por obras sin que se haya presentado rendición de cuentas.
Denuncia por malversación
En 2018, el que era diputado y correligionario de Luis Urbieta, Alsimio “Toti” Casco, denunció al entonces gobernador por supuesto uso irregular de dinero público.
Casco acusó ante la Fiscalía a Urbieta y a su secretario, Héctor Romero, por los supuestos hechos de malversación de fondos, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
La denuncia hacía referencia a unos G. 200 millones que fueron desembolsados a nombre de Romero, quien figuraba como presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Departamental. El dinero desembolsado debía ser destinado a la reparación de aulas en Paso Barreto y Cerro Morado. Los trabajos nunca fueron hechos.
Su hermano también
En 2015, el mismo “Toti” Casco denunció públicamente que el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), y su hermano, el entonces gobernador del primer departamento, Luis Urbieta (de la ANR), intentaron “negociar bajo la mesa” con una multinacional brasileña para permitir la construcción de un frigorífico.
De hecho, el jefe municipal de Concepción fue denunciado en diversas oportunidades por la supuesta venta irregular del predio que debía ser destinado a la construcción del puerto de la capital del primer departamento, a empresas importadoras de combustibles.
El intendente de Concepción merece una mención aparte.
En marzo de 2015, el jefe municipal de Concepción, Alejandro Urbieta, ordenó la entrega de G. 5.000.000 a la “Comisión Pro Iglesia San Pablo” de la localidad de Hugua Rivas.
El dinero fue entregado el 12 de marzo de 2015 en concepto de “aporte municipal”. El monto entregado para la reparación de la sede religiosa corresponde a fondos del Fonacide.
El problema es que el dinero entregado no podía ser destinado a este tipo de obras.
La ley que creó el Fonacide establece claramente que los caudales que reciben las municipalidades en este concepto deben ser destinados a proyectos de infraestructura en educación, a programas de almuerzo escolar, y que los saldos deben ser remitidos a proyectos de inversión pública y desarrollo.
La reparación de una iglesia o la sede de cualquier culto o religión no forma parte del destino que se le puede dar al dinero público, mucho menos cuando se trata de fondos pensados especialmente para mejorar las condiciones del sistema educativo.
Varias irregularidades
Que la transferencia no se ajusta a los fines del Fonacide es apenas la primera de varias irregularidades.
La comisión pro iglesia que recibió el dinero entregado por la administración de Urbieta presentó una rendición de cuentas el mismo día en que recibió los fondos: el 12 de marzo de 2015.
Urbieta reconoció en una entrevista en ABC Cardinal en 2019 que existen “desprolijidades” en su gestión.
Varios meses de manifestaciones
El 15 de octubre de 2018, ciudadanos de Concepción iniciaron protestas diarias para exigir la renuncia del intendente de la ciudad, Alejandro Urbieta; hermano del diputado Luis Urbieta.
Durante esas manifestaciones también cuestionaron duramente al legislador.
A medida que pasaron los días, la represión policial recrudeció contra los reclamantes.
En enero de 2019, por ejemplo, un ciudadano denunció que sufrió una golpiza por parte de efectivos de la Policía Nacional.
El mismo Urbieta fue denunciado por supuestas amenazas.