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Los funcionarios públicos, las autoridades electas, las administrativas y municipales no podrán percibir remuneraciones superiores a la del Presidente de la República, excepto los diplomáticos. Se eliminan los pagos por presentismo.
Se eliminan el seguro médico privado y de medicina prepaga para las altas autoridades, también el combustible, el servicio de telefonía celular, la provisión de alimentos, entre otros. A los funcionarios de las binacionales solo se les prohíbe percibir otra remuneración del sector público.
La publicidad estatal en los medios de comunicación masiva, redes sociales y otras plataformas que promuevan a la autoridad o las obras realizadas por la misma no se permitirán para los entes públicos ni para las binacionales. Solo serán autorizadas en casos de emergencia nacional por epidemias, catástrofes naturales, edictos, licitaciones, concursos, campañas de sensibilización, mensajes sobre salud pública, educación, defensa del Estado y los procesos electorales. La publicidad para promover el turismo está permitida. También se prohíbe la contratación de familiares y se limita hasta a 3 asesores por autoridad, quienes permanecerán el tiempo que la autoridad ocupe el cargo.
En cuanto a licitaciones, Contrataciones Públicas tendrá participación obligatoria, hasta en las realizadas por organismos internacionales como PNUD, los cuales no podrán encargarse de procedimientos de contratación que se hagan con fondos del tesoro público (Fuente 10), de los Recursos Institucionales (Fuente 30) y bonos soberanos.
La Contraloría estará a cargo de velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la ley y el incumplimiento será denunciado al Ministerio Público. La reglamentación deberá hacerse en 30 días desde su entrada en vigencia.