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Luego de debatir acerca del déficit habitacional del país, la oportunidad de empleo que implica la construcción de viviendas para superar la crisis económica y que esta situación implica que se dé vía libre a la construcción de viviendas sociales bajo un mecanismo que la propia Contraloría General de la República (CGR) cuestionó, la Cámara Alta aprobó mayor endeudamiento para dotar de recursos al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand.
La senadora Esperanza Martínez sugirió la aprobación de recursos, pero con cambio en la fuente de financiamiento, para que en vez de un préstamo del Banco Interamericano (BID) sea con bonos soberanos; mientras que el senador Stephan Rasmussen se opuso a esta modificación al considerar que los bonos están comprometidos con los fondos de salud.
Sin embargo, el senador Salym Buzarquis afirmó que la vivienda digna es un derecho constitucional y, pese a que implica aumentar la deuda del país, se trata de una inversión que generará empleo y un techo para familias paraguayas.
A esta afirmación, el senador Fernando Silva Facetti le respondió que la necesidad no es argumento para ignorar el lapidario informe final de la CGR sobre el MUVH, que detalla una serie de irregularidades en la gestión actual sobre el mal uso de recursos públicos en el ejercicio fiscal 2019.
Además, criticó la baja ejecución presupuestaria de la cartera y que, pese a eso, se le otorgue más dinero. “No hay problema de acceso a recursos, sino que falta de capacidad de gerenciamiento”, afirmó. Sugirió a la plenaria a votar la aprobación de recursos luego de analizar el reporte de la Contraloría, propuesta que no tuvo eco.
Sin avance en reforma
El presidente de la Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, afirmó que hasta el momento no se concretó la reunión entre representantes del gremio y técnicos del MUVH para avanzar en una reforma de la normativa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley Nº 3637, que se había prometido supuestamente para aplicar los US$ 47 millones. El programa permite adjudicaciones directas a organismos que a su vez contratan a “constructoras” que se encargarán de las obras sin que en el proceso existan concurso ni control ciudadano. Los empresarios del sector cuestionan que este mecanismo poco transparente sea el usado para los planes de viviendas, de cara a la reactivación económica.
Manifestación de apoyo
Manifestantes se concentraron ayer frente al Congreso para acompañar el tratamiento de más deuda para construcción de viviendas, en el Senado. Ahora los Diputados analizarán la propuesta de otorgar más recursos para que sean transferidos de forma directa a 62 firmas, varias de ellas relacionadas a políticos y empresas amigas o vinculadas entre sí, que no compiten para obtener dinero público.