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La acción que planteó Alegre es contra el fallo de los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Óscar Rodríguez Kennedy y Arnulfo Arias, quienes el 11 de setiembre último rechazaron la apelación general presentada por la defensa y ratificaron que el político liberal debe cumplir con las medidas que le impuso la jueza de garantías Cynthia Lovera, que son: prohibición de salir del país, restricción de cambiar de domicilio y una fianza real de G. 150 millones, suma que debe presentar si es que queda firme la resolución de la magistrada que entiende la causa.
En la acción planteada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la defensa del citado excandidato a presidente de la República alega que se le “priva del derecho a la libertad sin que las decisiones asumidas por la jueza de garantías y el Tribunal de Apelación posean sustento en las normas aplicables al caso”. Agrega que no se cumple con los presupuestos para la prisión, requisito previo para que se dicten las medidas alternativas.
El caso
Efraín Alegre está procesado por la presunta utilización de facturas falsificadas para la rendición de los gastos que tuvo el PLRA en las Elecciones Generales del año 2018, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.