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Ayer se integró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tiene a su cargo analizar la acción de inconstitucionalidad planteada por Efraín Alegre en el proceso que enfrenta por el caso de las facturas supuestamente falsas expedidas en la campaña de las elecciones generales de 2018. sus integrantes son los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Eugenio Jiménez.
El abogado de Alegre, Guillermo Duarte Cacavelos, conversó con ABC este viernes y dijo que su cliente estaba en contra de Diesel, pero que él le recomendó no recusar para no dar pie a una acción que podría tener un efecto en contra para los intereses del titular del PLRA.
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Duarte Cacavelos añadió que la Sala Constitucional es “la natural” para atender este caso y que no le preocupa este procedimiento, sino que el Poder Judicial eventualmente resuelva imponer las medidas cautelares o enviar a Alegre a prisión mientras la Corte no solicite el expediente de la causa.
“Estamos ante una conducta arbitraria. Más que arbitraria, estamos hablando que se insiste en la arbitrariedad en un modo en donde hasta se le juega al litigante”, dijo Duarte en torno al proceso contra su cliente al recordar que el acta de imputación se cambió en al menos una ocasión para “arreglar” las fechas en que supuestamente Alegre usó las facturas.
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“La única persona que dijo que la factura le pidió Efraín Alegre fue el señor (Luis) Moris (apoderado del PLRA en Alto Paraná), que ya falleció (…) Lo que nosotros estamos atacando es que este proceso nació totalmente torcido”, dijo el defensor al momento de argumentar los causales por los cuales él cree que la imputación es ilegítima.
La acción que planteó Alegre es contra el fallo de los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Óscar Rodríguez Kennedy y Arnulfo Arias, quienes el 11 de setiembre último rechazaron la apelación general presentada por la defensa y ratificaron que el político liberal debe cumplir las medidas que le impuso la jueza de garantías Cynthia Lovera: prohibición de salir del país, restricción de cambiar de domicilio y una fianza real de G. 150 millones, suma que debe presentar si es que queda firme la resolución de la magistrada que entiende la causa.
El domingo pasado, durante los festejos del alzamiento del 18 de octubre, Alegre reiteró que prefería ir a prisión antes que aceptar estas medidas cautelares, ya que consideró que las acusaciones son injustas.