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La historia se repite para el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de nuevo un titular del ente, el abogado Mario Alfredo Vega Mereles, fue imputado junto con otros dos altos funcionarios y un exadministrador de la institución, y también dos directivos de la ONG Fucela, por presuntos pagos de sobornos y otros delitos, en el marco de dos causas investigadas; en uno US$ 200.000; y en otro US$ 20.000, según explicó a la prensa uno de los fiscales que realizó el allanamiento en la autarquía agraria, el Abog. Rodrigo Estigarribia.
Los presuntos delitos investigados en dos causas penales independientes son lesión de confianza, tráfico de influencias, dos casos de cohecho pasivo agravado y cobro indebido de bonificaciones y gratificaciones.
Las personas imputadas en torno a los presuntos hechos de corrupción en el Indert, además del titular del ente, son el jefe de Gabinete de la presidencia de la institución, José Luis Clerch Almada; el director de Asesoría Jurídica, Aldo Eduardo León; el exdirector administrativo del Indert Diego De los Ríos Baquer; el representante de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), Pedro Martín Benítez Almirón, y la directiva de dicha ONG Patricia Zulema Báez.
Ayer tras el allanamiento realizado, fueron detenidos por la Policía Clerch y León, mientras que Vega, por no concurrir a la institución, no fue arrestado.
Sobre uno de los casos, el fiscal Estigarribia explicó que el pedido de coima fue de US$ 200.000 para solucionar los problemas de cuatro expedientes para la adjudicación de tierras ganaderas del Chaco, de 4.000 hectáreas cada una, que totalizan unas 16.000 hectáreas. Comentó que son familias de la zona Sur del país que colonizaron el Chaco y que se crearon conflictos entre sus expedientes y que con eso les ofrecen las “soluciones”.
El otro caso de presunto pago de coimas fue para la realización del segundo desembolso para la ONG Fucela, de unos G. 300 millones, en contra de la decisión vinculante de la Junta Asesora del Indert, y sin la gestión de los funcionarios del Fides, repartición que debía impulsar el pago.
Según la presunción es que, en contrapartida, se habría materializado el pago de una supuesta coima de US$ 20.000 por parte de los directivos de Fucela a las autoridades del Indert.
Por su parte, el fiscal Luis Said aseguró que tienen los elementos suficientes para sostener en grado de sospecha las hipótesis.
Mencionó que tienen los audios que se buscan corroborar con las grabaciones del circuito cerrado y con los expedientes.
Detalló que para algunos casos los imputados se exponen a 15 años de prisión, mientras que en otros hasta 3 años.
Respecto al cobro irregular de gratificaciones, dijo que Vega se asignó un aumento, de unos G. 7 millones lo elevó a unos G. 12 millones.
Una mujer al frente de Indert
Gail Gina González Yaluff, quien es antigua funcionaria del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, que venía cumpliendo la función en la oficina regional del Amambay, asumirá hoy como encargada de despacho del ente, hasta tanto se tenga la opinión de las organizaciones vinculadas con el sector, según informó ayer el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor. Según el decreto 4174/2020 se dan por terminadas las funciones de Mario Vega en el Indert, y se nombra a Gina González.
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