De esta forma, el magistrado admitió la imputación contra Vega por lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y asociación criminal en carácter de autor, una carpeta que fue abierta ayer por el fiscal Luis Said.

La comitiva fiscal allanó la sede del Indert ayer por la mañana, pero no pudo dar con Vega, quien supuestamente está a la espera de los resultados del test de COVID al que fue sometido y se encuentra aislado en su casa.

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Además de Vega fueron imputados y procesados por el juez Palacios el jefe de Gabinete de la presidencia de la institución, José Luis Clerch Almada; el director de Asesoría Jurídica, Aldo Eduardo León; el exdirector administrativo del Indert Diego De los Ríos Baquer; el representante de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), Pedro Martín Benítez Almirón, y la directiva de dicha ONG, Patricia Zulema Báez.

Durante el procedimiento fueron detenidos Clerch y León.

Todos fueron citados para el próximo martes 27 de octubre, para la audiencia de imposición de medidas. Vega fue destituido ayer por el presidente Mario Abdo y en su reemplazo asumió como encargada de despacho Gail Gina González Yaluff. Los otros funcionarios seguían hasta ayer ocupando sus cargos, aunque González probablemente nombrará a otros en su reemplazo.

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El esquema

El fiscal Rodrigo Estigarribia, otro de los que intervinieron en la causa, explicó que el pedido de coima fue de US$ 200.000 para solucionar los problemas de cuatro expedientes para la adjudicación de tierras ganaderas del Chaco, de 4.000 hectáreas cada una, que totalizan 16.000 hectáreas. Este caso tiene que ver con un conflicto de expedientes de familias del sur del país y desde el Indert se les ofrecía una “solución” a través de las coimas.

El otro caso de presunto pago de coimas fue para la realización del segundo desembolso para la ONG Fucela, de unos G. 300 millones, en contra de la decisión vinculante de la Junta Asesora del Indert, y sin la gestión de los funcionarios del Fides, repartición que debía impulsar el pago.

Según la presunción, en contrapartida, se habría materializado el pago de una supuesta coima de US$ 20.000 por parte de los directivos de Fucela a las autoridades del Indert.