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La Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) presentaron el jueves pasado una denuncia contra los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santa Cruz y contra personas innominadas por haber instado presuntamente a la invasión de tierras.
Pedro Galli, presidente de la ARP, dijo que la asociación de la que es presidente consideró que la denuncia es válida porque los asesores jurídicos del gremio sostienen que las declaraciones de los legisladores, así como la actuación de los invasores, violaron varios artículos de la Constitución Nacional.
Consultado sobre qué pensaba acerca del hecho de que cada legislador tiene el derecho de expresar lo que considere de acuerdo a sus convicciones políticas, para Galli esto no se trata de una cuestión de libertad de expresión sino de instigación de la comisión de delitos. Sin embargo, consideró que la decisión final recaerá en la Fiscalía.
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“¿Es delito que nosotros hagamos una denuncia? No es falsa. Ponemos tal cual los hechos como fueron. La Fiscalía debe terminar si hay méritos”, expresó Galli.
La nota de denuncia, que estuvo dirigida a la fiscala general, Sandra Quiñónez, estuvo acompañada de publicaciones periodísticas, así como la desgrabación de lo dicho por estos tres senadores el primer fin de semana de octubre en el asentamiento 1° de Marzo, de la localidad de Naranjito, distrito de Ybyrarobaná (departamento de Canindeyú), a los invasores de la estancia Pindó.
“Según los asesores jurídicos nuestros, esto es violatorio de varios artículos de la Constitución (…) Si te vas junto a unos delincuentes y les decís que sigan haciendo lo que están haciendo, ¿qué es? (…) Esa gente ya invadió de forma violenta, quemaron la estancia, el retiro, rociaron a tiros a los ocupantes, deforestaron unas 4.000 hectáreas. Son delincuentes, son invasores ilegales”, afirmó Galli en conversación con ABC este lunes.
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El presidente de la ARP sostuvo que existen al menos cinco órdenes de desalojo de los invasores, pero que esto no se cumple porque las instituciones del Estado son débiles y “no hacen lo que tienen que hacer”.
Galli habló también sobre la responsabilidad que conlleva el cargo de legislador en torno a estas cuestiones en el sentido de que, además de comentarios con peso político por la alta investidura, “no son cualquiera” y que ese es el agravante en este caso: senadores instando a la comisión de un delito, a criterio de la ARP.
“En vez de hacer verificación hicieron discursos y arengas a ocupantes ilegales incitando a seguir resistiendo”, concluyó Galli.