Obispos piden a diputados corregir sanción y “hacer cumplir la Constitución”

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un duro comunicado en el que afirma que la actuación de los diputados que sancionaron a Celeste Amarilla constituye un quebrantamiento del Estado de derecho del país y exhorta a los legisladores a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional.

El martes pasado no prosperó el pedido de revocar la sanción a Celeste Amarilla, quien dijo que 60 a 70 de sus colegas llegaron a sus curules con dinero sucio.
El martes pasado no prosperó el pedido de revocar la sanción a Celeste Amarilla, quien dijo que 60 a 70 de sus colegas llegaron a sus curules con dinero sucio.Silvio Rojas Falcón, ABC Color

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Con un fuerte comunicado dado a conocer este jueves, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) calificó como “quebrantamiento del Estado de Derecho” a la sanción impuesta a la diputada liberal Celeste Amarilla, que fue suspendida por sus colegas por un lapso de 60 días por haber dicho que entre 60 a 70 de sus colegas llegó a sus curules con dinero sucio.

Si bien no lo menciona explícitamente, la CEP sostiene que el comunicado se da “ante la actuación de la Cámara de Diputados, en diversas decisiones relacionadas con sus miembros, y que han merecido serios cuestionamientos de amplios sectores de la ciudadanía”.

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A raíz de esto, los obispos del Paraguay explican a los legisladores qué dice la Doctrina Social de la Iglesia con el objetivo de contribuir al discernimiento sobre las acciones de los que ejercen cargos de representación política.

“Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo (…) teniendo como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales”, dice el punto 4 del comunicado de la CEP.

La nota agrega que, “entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social”. Como consecuencia, “causan un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”.

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“Se exhorta a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el Estado de Derecho en la República del Paraguay”, concluye la nota dirigida a los diputados.

La diputada Celeste Amarilla dijo en la sesión del pasado 2 de octubre que 60 a 70 de sus colegas, que son 80 en total, llegaron a sus cargos con dinero sucio. Un total de 47 diputados se tomó por aludido y la suspendieron por 60 días.

El martes pasado se presentó un pedido para levantar la sanción ya que violaba la Constitución y la libertad de expresión, además de la inmunidad parlamentaria para emitir opiniones. Sin embargo, esta vez fueron 42 los que se ratificaron en la sanción luego de que siete liberales hayan rectificado su voto. Aún así, no fue suficiente.

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La legisladora presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema contra esta suspensión y adelantó que, de no prosperar, recurrirá a organismos internacionales. De hecho, el encargado de negocio de la embajada de EE.UU. en Paraguay, Joe Salazar, reprochó solapadamente la actitud de los diputados.

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