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Los exministros de la CSJ fueron denunciados en el mes de diciembre de 2014 por Peter David Kennedy, por haber admitido supuestamente de manera ilegal un recuso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia, por la cual se anuló un juicio por apropiación.
Primeros procesados
Blanco y Núñez fueron los primeros exministros de la máxima instancia judicial en ser procesados penalmente. La imputación se presentó en el 2016 por parte de los agentes fiscales José Dos Santos, Luis Piñánez y René Fernández (actual ministro Anticorrupción).
En noviembre de 2018 el entonces juez Miguel Tadeo Fernández admitió la imputación presentada en el 2016 por los fiscales Luis Piñánez, René Fernández y José Dos Santos y procesó a los exministros de la CSJ por presunto prevaricato, hecho que tiene una pena de entre 2 a 5 años de cárcel y hasta 10 años de condena, si se trata de un caso más grave.
Debido a las múltiples chicanas que las defensas plantearon, recién en agosto de este año el juez Yoan Paul López pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas y les otorgó libertad ambulatoria, bajo una fianza personal de G. 100 millones para cada uno.