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SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Si se promulga la Ley de Arancel Cero, sancionada ayer en el Congreso, el buen funcionamiento de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de las demás universidades públicas pasará a depender que los desembolsos de los fondos estatales compensatorios se hagan en tiempo y forma, destacó ayer el decano de Economía, Roberti González. Resaltó que además la UNA enfrenta un recorte de G. 42.000 millones en su presupuesto para el 2021, lo que impactará negativamente en los alumnos.
Roberti detalló que en concepto de aranceles por cursos de grado y pregrado, la universidad tiene un ingreso de G. 118.000 millones anuales, con lo que solventan el 40% de los gastos de funcionamiento de la institución, como servicios básicos y conectividad.
Atendiendo a que la ley contempla la gratuidad de la educación superior solo para egresados de colegios públicos y subvencionados, se deberá discriminar la población universitaria para determinar el monto compensatorio que recibirán del Fonacide las universidades. De acuerdo a un estudio realizado por estudiantes, un 70% de ellos provienen de colegios públicos y subvencionados.
Roberti dijo que el Consejo Superior Universitario dejó en claro al Ministerio de Hacienda y al Parlamento que se deben asegurar los fondos. Explicó que si hay falta de trasferencia, se verán afectadas en su funcionamiento las 14 unidades académicas de la UNA, que en 2021 estarían ya en problemas si no se reconsidera el recorte de G. 42.000 millones que Hacienda hizo a su presupuesto. Pidieron la reconsideración del recorte porque afecta al crecimiento vegetativo y se verán afectados bienes de consumo e insumos para el Hospital de Clínicas y para casi todas las facultades, señaló Roberti.