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Representantes de la firma Ingeniería Técnica Paraguaya (Ingetep) se acercaron a la redacción de ABC y proporcionaron los documentos que sustentan sus gastos para concretar la construcción de 39 viviendas sociales en el Asentamiento Porvenir II (Ypané) y que, en contrapartida, recibieron un cheque -que no cubría el monto- de parte del “SAT Luis Alberto Rubira”, quien le subcontrató. Rubira era el responsable de realizar las gestiones ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), logró justificar los avances de esas obras para cobrar la totalidad del proyecto y que luego, según la denuncia, solo “se borró”.
Vicente Gill, propietario de Ingetep, indicó que asumieron los gastos con la promesa de que luego de los avances, se le pagara. Cuando alcanzaron una cuenta de G. 1.200 millones, recibió de Rubira un cheque por valor de G. 900 millones, con retenciones por supuesta “burocracia” y “multas”, que sostiene no estaban debidamente justificadas y que ante la falta de respuesta, decidió comunicar al ministro de Urbanismo, Dany Durand, en diciembre de 2019. Fue entonces que se enteró que el SAT cobró prácticamente la totalidad del monto del proyecto, de G. 2.710 millones.
Requerido al respecto, Durand nos derivó con el director jurídico, Juan Vicente Talavera, quien dijo que la relación contractual del MUVH es con el SAT, no con constructoras. Añadió que se rescindió contrato y se ejecutó la póliza del seguro, por G. 970 millones, y que está en proceso la designación a un nuevo SAT para que continúe con las obras, que quedaron sin terminar.
“Informaciones como la brindada por la constructora nos obligan a la adopción de medidas aún más cercanas de control, que finalmente decantaron en la rescisión del contrato y el dictamen de inhabilitación del SAT”, expresó. Pero al parecer, esa sanción no se aplicó, puesto que en el informe proporcionado en agosto último a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP) sobre el estado de las obras del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), ya consta que el proyecto tiene contrato rescindido, pero en el listado de SAT habilitados, todavía aparece Luis Alberto Rubira.
Por otra parte, Gill recordó que en enero acudió a una mediación ante la Justicia, pero no tuvo resultado. Consultado si lo denunció ante la Fiscalía, respondió que optó por asumir la pérdida de G. 300 millones y seguir trabajando. Se intentó conversar con Rubira, pero no respondió el contacto que consta en los registros del MUVH.
La obra ya se había truncado previamente
En 2012, bajo la administración del ministro Eliodoro Marecos Ibarrola, el SAT Camilo Recalde fue adjudicado para ejecutar 29 casas y fue denunciado por incumplimiento por la exministra Soledad Núñez, quien calificó al caso como el más emblemático en su gestión. Señaló que varias personas fueron sobreseídas. “Una lástima. Si luchamos contra la corrupción y hay impunidad, de nada sirve”, dijo a ABC.
Rubira fue adjudicado para continuar las obras, pero otra vez hubo problemas y se rescindió también su contrato.
Así, beneficiarios del proyecto Asentamiento Porvenir II siguen esperando que el MUVH culmine las obras, varias de las cuales quedaron a medio terminar o presentan severas deficiencias, incluso con peligro de derrumbe, denuncian vecinos del lugar. Estas anomalías se suman a las irregularidades en torno al Fonavis, programa que se prevé aplicar en el plan de reactivación económica del Gobierno de Mario Abdo Benítez, pese a los cuestionamientos.