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Los liberales dieron el quorum y posibilitaron la suspensión de su colega Celeste Amarilla (PLRA) y atropellaron los artículos 190 y 191 de la Constitución Nacional que otorgan inmunidad de opinión a los parlamentarios, tras lograr su suspensión por 60 días sin goce de dieta.
El cartismo fue el principal promotor de la sanción y tuvo el respaldo de los abdistas y de seis liberales, entre ellos de los diputados Carlos Portillo (PLRA), acusado por el delito de tráfico de influencias, y Tomás Rivas (ANR, cartista), acusado por el caso caseros de oro.
Los 47 diputados se pusieron el sayo sobre la denuncia de Celeste, quien señaló el viernes último en un conversatorio sobre financiamiento político que al menos 60 o 70 parlamentarios habrían ingresado al Congreso con dinero sucio o espurio y que por ello se debían a sus financistas.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) como moción de orden pidió tratar la sanción y declarar debate libre. En un momento, incluso, dijo que correspondía aplicar su pérdida de investidura porque reconoció haber comprado su banca por 200.000 dólares y que la suspensión iba a ser una salida “decorosa”.
La diputada Jazmín Narváez, líder de la bancada oficialista, señaló que las declaraciones de Amarilla les mancha y avergüenza como diputados, que resultan “severamente manchados por acusaciones” y que ello ya cansa. Diputados de la multibancada dejaron en claro que se sentó un nefasto precedente en la Cámara por la censura a la diputada Amarilla. Pidieron a la ciudadanía que esté atenta y defienda la libertad evitando que este tipo de prácticas represivas se convierta en costumbre y advirtieron que no serán silenciados.
Amarilla se ratificó en sus declaraciones, excepto en los números de parlamentarios, y dijo que le toca a la Fiscalía investigar y desempolvar una denuncia que obra desde el 2014. Pidió en vano que le den el derecho a la defensa y en señal de protesta decidieron retirarse de la sala.
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