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El concejal Lovera manifestó, que cansado de esperar que la fiscal se digne a iniciar el proceso de investigación de las más de 16 denuncias que presentó de manera personal y otras acompañando la denuncia de la Junta Municipal ante el Ministerio Público, decidió encadenarse frente al local de la fiscalía.
El edil comentó, que la Junta Municipal atendiendo a lo que dispone la Ley Orgánica Municipal N°3966/10, que señala “Tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública, los funcionarios y empleados públicos que conozcan de los hechos punibles”, también había realizado más de 6 denuncias en la fiscalía local a cargo de la fiscal Teresita Paredes.
Agregó que como no obtuvieron respuestas solicitaron a la fiscal adjunto, Soledad Machuca la designación de dos agentes fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción para que actúen en forma conjunta, separada o alternamente en la investigación de los hechos denunciados contra la intendente local, pero tampoco hubo avances.
Aseguró que se está cometiendo una injusticia con el pueblo, al no esclarecerse los hechos denunciados. Refirió que a él, como denunciante una sola vez le llamó la fiscal a una indagatoria, pero a la intendenta jamás la molestaron.
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Varios pobladores llegaron hasta la fiscalía a solidarizarse con el edil municipal, quien seguía aguardando a que la fiscal se acerque y que le de alguna respuestas a su pedido. El edil aseguró que seguirá con la medida de fuerza en el horario laboral del Ministerio Público hasta que inicien la investigación de las denuncias contra la intendenta que están encajonadas.
Quisimos tener la versión de la fiscal, Teresita Paredes, quien se excusó alegando que estaba en audiencia y que no podía atender en ese momento.
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Antecedentes
El concejal Guillermo Lovera recordó que entre las denuncias realizadas ante el Ministerio Público se encuentran el sonado caso de “Vaca’i de oro” que obligó a la intendenta Alba Acevedo (ANR) anular la adjudicación de G. 163 millones a la empresa BH Service, cuyo representante legal, Andres Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez, compadre del diputado Esteban Samaniego (Añeteté). El caso fue denunciado ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), pero se sigue desangrando a las arcar municipales y no se tiene resultado de la investigación.
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Agregó que algunos de los hechos hacen referencia a presunta lesión de confianza, procesamiento ilícito de desechos, investigación del rechazo de la ejecución presupuestaria del 2018, por varios hechos irregulares detectados en la administración.
A esto se suma la sospecha de mala administración de los recursos de royalties y fonacide desde el 2016 hasta la fecha.
Desde hace varios años, incluso la ciudadanía ya se movilizó contra la jefa comunal, quien alega que todo es una “persecución política” y en más de una vez trató a los dirigentes sociales de basura, e indios.