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Celeste Amarilla fue suspendida por sesenta días sin goce de sueldo al aprobarse la resolución presentada por los diputados colorados Basilio Núñez, Jazmín Narváez, Miguel A. del Puerto, Carlos Núñez Salinas y Derlis Maidana quienes pidieron una sanción para la legisladora quien acusó a los parlamentarios de haber pagado sus puestos en el Congreso con plata “sucia”. Votaron a favor de la suspensión 47 diputados y la sanción quedó aprobada.
A pedido del diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR) se abrió el debate libre sobre la sanción a la diputada Amarilla que en una reunión del Frente Anticorrupción afirmó que al menos 60 o 70 diputados llegaron a sus bancas gracias al dinero sucio o de origen espurio que recibieron durante sus campañas.
Según el argumento de los diputados que votaron por la suspensión, Amarilla faltó a lo establecido en el Artículo N° 81 de la Cámara de Diputados que establece que “son absolutamente prohibidas a los Diputados las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros, en las sesiones y fuera de ellas. En caso de que un Diputado fuera aludido personalmente, dispondrá de cinco minutos para hacer las manifestaciones que estime convenientes”.
En su defensa, Amarilla dijo que no se retractaría de sus expresiones y que solo haría una acotación, explicando que no se refirió solo a los Diputados, sino que también está convencida de que hay senadores que lograron sus puestos en el Congreso a través de dinero “sucio”.
Indicó que tal vez dio un número exagerado pero que finalmente sus expresiones son “un saco que se pone quien le queda”. “No acusé a nadie en particular, nombres no voy a dar”, aseveró. Reiteró que no tiene la carga de la prueba, que no tiene por qué dar nombres y que no se le puede obligar a hacerlo.
Sobre la existencia de “dinero del narcotráfico” entre los diputados, Amarilla recordó que el extitular de la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) Arnaldo Giuzzio presentó un informe en el que nominó a parlamentarios con conexiones con el narcotráfico que nunca fueron investigados por el Ministerio Público. Muchos de estos legisladores siguen en sus bancas actualmente, de acuerdo con sus expresiones.
Igualmente, explicó que el dinero que utilizó para su campaña política salió de su cuenta corriente y que todo fue justificado.
En abril del 2019, la diputada había expresado ante el pleno en una sesión ordinaria que tuvo que pagar US$ 200.000 para acceder a su banca.
En otro punto, la diputada alegó que "el título de honorables hemos perdido por la conducta de muchas que nos han precedido y que aún siguen acá”.
La diputada pidió al pleno que se abra un sumario en su contra y que se dé acceso a sus abogados a la acusación para que pueda establecer su defensa. Nombró como defensores a los diputados Kattya González (PEN) y Rodrigo Blanco (PLRA).
Esta solicitud fue respaldada por el diputado Edgar Acosta (PLRA), quien apoyó la apertura de un sumario. Por su parte, la Kattya Amarilla pidió que el pedido de suspensión sea derivado a comisión para su análisis. “Esto es un linchamiento parlamentario”, aseveró González.
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Polémica en la votación
Antes de la votación se dio un intenso debate entre los diputados ya que varios de ellos -especialmente de los partidos opositores- alegaron que el pedido de suspensión no podía ser votado antes de ser derivado a una comisión para su estudio.
Sobre esto Kattya González aseveró que votar sin una resolución de la comisión sería un procedimiento irregular y que se trataba de un “linchamiento parlamentario”.
Por otra parte, los diputados colorados pidieron que se lea el artículo N° 22 de reglamento que establece que “la Honorable Cámara es juez exclusivo de sus miembros. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar a cualquiera de ellos o excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada. En los casos de renuncia decidirá por simple mayoría de votos”, como argumento a su moción.
A su vez, Celeste Amarilla pidió que se respeten los derechos procesales y se le dé oportunidad a la legítima defensa con jueces establecidos y el acceso a la acusación por parte de sus abogados.
Se llevaron a votación dos propuestas: derivar la resolución a estudio en comisión; o tratar y votar en la fecha la suspensión. Por mayoría fue aprobada la moción de votar durante la misma sesión.
A pesar de que el presidente de la Cámara Baja anunció que la votación sería de forma nominal al momento se decidió hacerla de forma electrónica.
Varios diputados abandonaron la sesión en reclamo a lo que consideraron una violación al derecho a la legítima defensa.
