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Este senador del Frente Guasu (FG) salió al paso de las publicaciones en las que lo acusaban de instar a invadir tierras y expulsar a sojeros, en ocasión de un encuentro entre legisladores y dirigentes campesinos el 2 de octubre último en un lote invadido que pertenece a la Agroganadera Pindó SA, de la familia Bendlin.
Richer manifestó que la acusación es totalmente falsa. “Estamos en tiempos de noticias falsas y no termino de acostumbrarme”, señaló.
Sin embargo, ratificó que el proyecto de expropiación existente es una figura constitucional que busca responder a los reclamos de un asentamiento del lugar que lleva casi 10 años de ocupación; con 5 escuelas funcionando y una producción de agricultura excelente.
Indicó que en su discurso en la zona de la ocupación simplemente recordó tres puntos: 1. Que las tierras en cuestión “son malhabidas” y producto de un trueque durante la dictadura stronista.
2. Que estos asentamientos son efectivamente una forma de “recuperar la soberanía nacional” ante el avance de los grandes capitalistas extranjeros y paraguayos que depredan los bosques y producen efectos como el cambio climático mundial.
3. Que insta a la gente a “resistir”.
El legislador opositor señaló que no es fácil sobrevivir en lugares totalmente olvidados por el Estado paraguayo y por lo cual instó a los ocupantes a organizarse para cuidar sus terrenos, sus escuelas y producción.
Refirió que llegará el momento en que se trate la expropiación y dependerá del Congreso Nacional sancionar o no el proyecto de ley pertinente.
Finalmente, recalcó que no son tan estúpidos (los del FG) para “decir invadan y echen a los sojeros” a sabiendas de que el encuentro es transparente.
El senador Sixto Pereira (FG) explicó que asistió al sitio como vicepresidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado y que fue acompañado por el senador Pedro Arturo Santacruz (PDP), titular de la citada Comisión, más Richer.
Pereira señaló desde sus redes sociales que el denominado Asentamiento 1 de Marzo “Joaju”, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, es una ocupación de más de ocho años, con proyecto de expropiación desde el año 2014.
Empero, los tres senadores ya visitaron la ocupación en años anteriores. En 2015 los parlamentarios estuvieron en el lugar y lanzaron críticas hacia el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (ANR) por favorecer y brindar apoyo “solamente a los sectores empresariales”.
En noviembre de 2018, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, el entonces titular del Indert, Horacio Torres, quien renunció por supuestos casos de corrupción en su entorno, culpó al gobierno de Cartes por este y otros conflictos sin resolución.
Hablan de tierras “malhabidas”
Según los antecedentes, organizaciones campesinas respaldadas por partidos de izquierda aseguran que la superficie de la tierra es de 4.499 hectáreas y fue “adjudicada ilegalmente a la firma Perfecta SAMI en permuta” en 1969 por el antiguo IBR, cuyo titular era el dirigente colorado Juan Manuel Frutos (ya fallecido).
Indican que la empresa entregó al IBR un avión Meta-Sokoll-L 403, valuado en ese entonces en G. 3 millones, y a cambio recibió las 4.499 hectáreas también valuadas en G. 3 millones.
En 2015 hubo un asalto, saqueo y destrucción de la estancia Pindó y la firma endureció la seguridad privada para poder producir. Sin embargo, los ocupantes señalaron que era un autogolpe.