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Una mayoría de diputados decidió hoy suspender por 60 días sin goce de sueldo a su par, Celeste Amarilla, quién abrió la caja de Pandora al decir que varios legisladores en la Cámara eran financiados con dinero sucio, e incluso estaban ligados a grupos criminales. La acción además, además de atentar contra la Constitución Nacional y la inmunidad que otorgan los fueros a un legislador por sus expresiones, fue vista por varios sectores como una ataque a la democracia y como una alerta de que el autoritarismo va en aumento.
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En la larga lista de “indignados” por las expresiones de Amarilla se encuentran varios en etapa ya de juicio oral y público como el diputado Tomás Rivas (ANR), que debe enfrentar a un Tribunal por haber pagado con dinero del Estado a sus funcionarios. Un caso conocido como el de “caseros de oro". Por este delito ya fueron condenados los subalternos involucrados, pero aún no el legislador, que mediante chicanas, logró dilatar su proceso.
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Otro a las puertas de la sala de juicios es el presunto traficante de influencias, Carlos Portillo (PLRA). Existen audios donde se lo escucha solicitar dinero para influir en causas judiciales en el Este del país, pero sigue campante en su curul.
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Por su parte, la diputada Cristina Villalba es otra de las recurrentemente referenciadas cuando se habla de vínculos de la política con el narcotráfico. Las sospechas en su contra tienen como sustento un informe de una Comisión Especial del Congreso que la sindicaban entre los políticos ligados al tráfico de drogas.
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El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) es otros que mediante argucias logró salir blanqueado por la justicia en una causa por contrabando y producción de documentos no auténticos y no porque no hubiese elementos en su contra. De hecho, Núñez Salinas admitió ante la Justicia haber traído al país un cargamento de decodificadores que inicialmente hizo figurar como ruteadores y que declaró por un costo menor. Tras ser “pillado” la Justicia consideró que al pagar lo que realmente correspondía, el delito supuestamente nunca existió.
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Uno de los voceros principales de la propuesta fue también Basilio “Bachi” Núñez (ANR), cuya familia forma un conocido clan que maneja el departamento de Presidente Hayes y también durante años estuvieron ligados a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
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Núñez es uno de los que difícilmente puede justificar su alto crecimiento patrimonial desde su ingreso a la función pública. Sus Declaraciones Juradas han sido un vaivén de inmuebles. Llegó a poseer hasta un astillero y sus propios bienes declarados arrojan millonarias diferencias. Declaró G. 10.222.500.004 de patrimonio neto en 2013, un monto que mágicamente tiempo después bajó a 5.587.500.004 millones. Se trata de una diferencia de G. 4.635.000.000 menos que supuestamente se “esfumaron”.
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Tampoco se puede olvidar al matrimonio esteño conformado por los diputados Justo Zacarías Irún y Rocío Abed, parte del esquema del Clan Zacarías ligados a varias causas judiciales por presunto uso de dinero público y enriquecimiento ilícito.