Funcionarios de la Essap piden una nueva gratificación

Desde el Sindicato de Empleados, Obreros y Profesionales de Empresas Sanitarias enviaron una nota dirigida al directorio de la Essap para solicitar “una pequeña gratificación económica” debido a que se exponen al salir a trabajar diariamente por la pandemia del nuevo coronavirus. El pedido está firmado por el presidente de la organización, quien había sido imputado por lesión de confianza en 2018.

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Los funcionarios alegan que se arriesgan al salir a trabajar a diario con la circulación del covid-19, por lo cual merecen una gratificación. (Imagen ilustrativa).Archivo, ABC Color

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La nota está dirigida al directorio de la Essap y fue entregada el pasado 23 de setiembre, en el marco de los muchos pedidos de aumento de salario y gratificaciones que surgen cada año con el debate del Presupuesto General de la Nación.

El presidente del Sindicato, Juan Celso López, y el secretario general adjunto, Arturo Villalba, son quienes firman el pedido.

En el documento afirman que el servicio que presta la aguatera no se puede resentir en el periodo de lucha contra la pandemia, por lo cual no se puede olvidar a los funcionarios “que sostuvieron, sostienen y seguirán sosteniendo el servicio”. Afirman que por ello salen a las calles y ponen sus vidas en riesgo, al igual que las de sus familiares, y eso se ha demostrado con el contagio de varios.

“Creemos firmemente que en este periodo de crisis con más razón los funcionarios de la Essap SA tienen derecho a un reconocimiento por parte de las autoridades de la institución, mediante el pago de al menos una pequeña gratificación, que en ningún caso va a compensar el riesgo asumido pero al menos va a dar un respiro a las familias para afrontar sus múltiples necesidades”, afirman.

Finalmente, recalcan que saben que los miembros del directorio sabrán valorar el sacrificio de los funcionarios.

Es importante recordar que el presidente del Sindicato había sido imputado por lesión de confianza en 2018, junto con 40 otros funcionarios y el propio expresidente de la institución, Ludovico Sarubi. Fueron acusados por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones entre los años 2015 y 2016, con un festival de cheques en carácter de anticipos de fondos a rendir. El destino del millonario monto nunca se supo debido a que los gastos no fueron justificados.

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