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El cuestionado suceso se registró el lunes, cuando el oficial de justicia Héctor Cubilla llegó hasta la vivienda de la pareja de don Rubén Isaac Villamayor (69), quien tiene problemas de movilidad y del corazón, y Mirta Gloria Gómez (62), ubicada en las calles Acosta Ñu y Francisco Paredes de 3 bocas.
Cubilla llegó hasta la vivienda con una orden emanada del juzgado de Lambaré, a cargo del juez de garantías, Guillermo Delmás, pero en la orden figura la dirección Zavala Cue, que corresponde a la ciudad de Fernando de la Mora. De todas maneras, procedieron a desalojar a todos los ocupantes con sus pertenencias y a destruir la casa.
El procedimiento también acompañó un supuesto comprador del inmueble, Alfredo Diosnel Zelaya, quien según la denuncia habría utilizado la cédula de otra persona para iniciar el juicio y la familia afectada vive en el sitio hace más de 50 años.
“El oficial de justicia en compañía del señor Zelaya y unas 20 personas más vinieron a atropellar la casa con una supuesta orden judicial y sin mediar palabras empezaron a sacar las cosas, y también a destruir el techo tirando todo, destruyeron camas, ventiladores y acondicionadores de aire y hasta se robaron ropas, los documentos de la casa y mercaderías, como cigarrillos, yerba y otros que teníamos en una pequeña casilla”, relató la hija de la pareja, Vilma Villamayor.
Dijo que su padre padece del corazón y se moviliza en silla de ruedas, al igual que el hermano de su madre, Julio Alberto Gómez, que también vive en el terreno y otra sobrina que tampoco camina.
“Mi papá precisa de aire porque tiene problemas del corazón y esta gente vino y destruyó el aire acondicionado y estos días de gran calor pasamos en el patio, porque gracias al intendente de la ciudad, Ricardo Estigarribia, se pudo atajar y no lograron echar toda la casa”, expresó la hija.
Agregó que la familia vive en el lugar hace más de 50 años y que es una herencia familiar, el terreno pertenecía a su bisabuela y no saben cómo supuestamente fue a aparar en manos de Zelaya.
Por su parte, el intendente comentó que accionarán contra el oficial de justicia y el supuesto dueño por daños y perjuicios y que el caso ya está en manos de abogados para seguir el caso. Además, el jefe comunal ordenó que se repare la casa.
“En primer lugar vamos a pedir la nulidad de la actuación, porque está viciado y además vamos a accionar contra el oficial de justicia que dirigió este operativo irregular, primero porque carecía de datos precisos y por otro, en el mandamiento no indicaba la demolición”, expresó el abogado Aldo Aguirre.
A su turno, el jefe de la comisaría 11a jurisdiccional, comisario Jorge Piñánez, indicó que en tres ocasiones se negaron a acompañar este desalojo porque no correspondía la dirección y entonces el oficial de justicia procedió solo, sin el apoyo de los agentes del orden.
También el juez de garantías, Guillermo Delmás, reconoció que la dirección era incorrecta y que el demandante solicitó al juzgado la reimpresión con el cambio de la dirección, pero se rechazó por improcedente, porque todas las notificaciones se realizaron a la dirección que figura en el mandamiento.
“El desalojo no se pudo realizar porque la dirección estaba mal y me solicitaron cambiar y reimprimir la orden, pero rechacé por improcedente, porque todo el juicio y las notificaciones se realizaron en la dirección que figura en el mandamiento y no puedo cambiar, pero el oficial de justicia igual fue de nuevo a realizar el desalojo que es irregular”, expresó Delmás.
El magistrado explicó que toda la responsabilidad civil y penal es del oficial de justicia y que tenía que cumplir estrictamente el mandamiento en que no se ordenaba la demolición de la casa y que solo tenían que ser afectadas las personas que figuraban en la orden.