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El defensor de Ulises Quintana manifestó esta mañana que “definitivamente parece una competencia de poderes” que jueces y fiscales sostengan que pueden mandar a prisión a los legisladores, ignorando el artículo 191 de la Constitución Nacional, en el cual se habla de la inmunidad de los miembros del Congreso.
“¿Cómo es posible que un magistrado o agente fiscal, que deberían velar por el respeto a la Constitución, simplemente desconozcan la normativa y sostengan que el cargo de diputado autoriza la prisión? Eso fue lo que dijeron en el caso de Ulises Quintana y está inserto una y otra vez en dictámenes fiscales y resoluciones judiciales. Esa es una barrabasada que no solamente afecta el derecho a la defensa de Ulises Quintana, sino que quebranta el cimiento de la propia democracia”, cuestionó esta mañana.
El abogado aseguró que el artículo 191 fue redactado siguiendo las pautas de otras constituciones de países occidentales, con el objetivo de “proteger la función legislativa contra persecuciones políticas”. Consideró que “lamentablemente” se está instrumentando al sistema de justicia para excluir a un legislador del cumplimiento de sus funciones.
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En otro momento, Latorre señaló que existen ya varios trámites de inconstitucionalidad presentados ante la Corte por este asunto, por ejemplo por el diputado Miguel Cuevas, pero las acciones todavía están en trámite. En ese sentido, aprovechó para cuestionar que las carpetas fiscales no están siendo analizadas por todos los órganos.
“Las distintas instancias están resolviendo recursos o incidentes a partir de cuadernillos que se forman, nunca tiene a la vista -salvo el Juzgado Penal de Garantías- toda la carpeta fiscal, entonces cuando se dice que hay indicios de cargos suficientes para acreditar la existencia de hecho punible o responsabilidad del acusado, van repitiendo una y otra vez lo mismo, pero no tienen la carpeta fiscal. No pueden hacer un juicio de valor serio, responsable, sobre lo que están supuestamente valorando. Repiten una y otra vez el mismo error y eso obviamente genera a los defendidos una situación de indefensión e impotencia absoluta”, criticó.
Sobre la resolución de la Corte oficializada el sábado, explicó que la defensa de Quintana había planteado el hábeas corpus señalando una serie de irregularidades que dieron soporte a la prisión de Quintana. Sin embargo, el fin de semana, la Corte resolvió que, tratándose de una prisión decretada por un juez penal de garantías –un juez competente- se trataba de una resolución legal.
“Obviamente que eso cierra toda posibilidad de debatir e implica una restricción al mandato constitucional que no establece ningún tipo de restricciones con respecto al alcance y significado del artículo 191”, cuestionó.
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Quintana (Colorado Añetete) se encuentra siendo acusado de presunto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, en el marco de la causa conocida como “Berilo”. Según los datos de los investigadores, se lo escuchó en una conversación interceptada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en que presuntamente interviene a favor de uno de los secretarios de Reinaldo “Cucho” Cabaña que fue retenido en un puesto policial con miles de dólares cuyo origen no pudieron justificar en ese momento.
También tenía en su poder un lujoso rodado de Cabaña. El legislador estuvo en cárcel ya desde el 21 de setiembre de 2018 hasta el 8 de julio del año pasado, cuando la jueza Magdalena Narváez le otorgó la libertad ambulatoria. Sin embargo, en diciembre de 2019 retornó a la cárcel militar de Viñas Cue por disposición de la jueza Alicia Pedrozo.
Prese a varios intentos de su defensa de volver a sacarlo de prisión, el colorado sigue preso en dicha penitenciaría.
Recordemos que otro de los legisladores que estuvo en la cárcel recientemente fue Miguel Cuevas, quien el viernes pasado obtuvo la prisión domiciliaria y se encuentra actualmente recluido en su residencia ubicada en Sapucái, después de 7 meses de encierro en la Agrupación Especializada. Sin embargo, ahora se expone a una nueva imputación por haber participado de una gran fiesta el mismo día que salió de la cárcel, en su propia casa quinta.
Cuevas fue imputado el 31 de julio de 2019, por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a su meteórico crecimiento patrimonial.
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