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El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez prevé, como parte del plan de reactivación económica, destinar US$ 47 millones en la construcción de viviendas sociales. La idea en sí misma parece buena, hasta que nos topamos con el sistema poco transparente y de contratos directos que usa el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand.
El citado ministro ya adelantó que de aprobarse los recursos en el Congreso, ejecutará los millonarios fondos vía ley N° 3637 del Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis). Indicó que ya cuenta con el plan, aunque no lo socializa.
El programa permite transferencias directas a organizaciones sociales denominadas “servicio de asistencia técnica” o SAT, como las llaman. Ellas son adjudicadas para ejecutar proyectos tendientes a brindar casa propia a personas de escasos recursos, con subsidio estatal de hasta el 95% del valor de la vivienda. Las SAT son las responsables de elegir a la constructora que levantará las edificaciones, conforme su criterio y confianza, sin concurso ni llamado público, designando directamente de una lista de constructoras aprobada por la cartera estatal. Todo el proceso se implementa sin que exista un sistema de seguimiento de control ciudadano, pese a que se trata de recursos públicos, pues no se rigen por la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
Para conocer detalles de esas adjudicaciones directas llevadas a cabo desde 2018 hasta setiembre de 2020, fue necesario recurrir al MUVH, a través del portal de Acceso a la Información Pública (expediente Nº 32.734), pues esos datos y detalles no se encuentran disponibles en la web. Un análisis de los informes proporcionados nos permitió conocer el ranking de las constructoras que tienen más viviendas a su cargo (ver cuadro), por un total de G. 669.821 millones (US$ 96,7 millones al cambio actual).
La lista lidera Ad Paraguay, con más de 600 casas, de lo que no se encuentra mayor información en Internet ni en el MUVH. Le sigue IASA, firma vinculada a exfuncionarios de confianza de Durand. Representantes de ambas firmas evitaron en reiteradas ocasiones responder preguntas de ABC.
Entre las más adjudicadas también se encuentran Altec SA, que tuvo en su comisión directiva a integrantes de la SAT que la contrata, Cedes/Hábitat, representada por Emma Gill Nessi, quien en su descargo se limitó a señalar que cumplen las obras en tiempo y en forma, ajustándose al programa.
Los datos evidencian que los SAT adjudicados contratan sistemáticamente a las mismas constructoras, sin permitir libre participación de otras oferentes. Este sistema usarán con los US$ 47 millones del plan de reactivación de Abdo Benítez, si el Congreso lo permite.