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En marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Sistema Marangatu, ABC Color realizó una serie de materiales sobre cuestiones relacionadas.
Siendo entonces viceministra de Tributación Marta González Ayala se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia y alegaron que eran los únicos con la experiencia requerida, pero terminaron tercerizando el contrato. El mismo ente responsable del caos fue contratado para la “solución”. Tras la firma, el organismo la ungió presidenta.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria “Marangatu”.
Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.
Los vínculos de Marta
De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Hablaban de urgencia impostergable y pedían la contratación directa por la vía de la excepción. Esto significaba que buscaban elegir a dedo a quienes se quedarían con un contrato de G. 20.000 millones, unos tres millones de dólares.
Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación ya estaba finiquitada. La SET, con Marta González a la cabeza, contrató con el CIAT, que –¡oh casualidad– tenía a Marta González como directiva.
Sin competencia alguna
De acuerdo a los documentos que constan en la web de Contrataciones Públicas, CIAT fue la única compañía que se presentó al llamado. Según publicaciones de ABC Color de abril de 2016, firmas paraguayas protestaron debido a que el pliego de bases y condiciones había sido redactado a medida, para favorecer a la organización asentada en Panamá.
Los términos establecidos, según señalaban en aquel entonces los representantes de firmas paraguayas, eliminaban a los competidores nacionales y dejaban el camino abierto para que el CIAT se quedara con el millonario contrato.
Curiosamente, todos los contratos firmados por el CIAT con el Estado paraguayo fueron siempre por la vía de la excepción.
Tras millones, presidencia
Un año después de haberse otorgado un contrato por US$ 3 millones al CIAT, el consejo directivo de este organismo fue presidido por la entonces viceministra paraguaya de tributación Marta González. El acto de asunción de González Ayala al frente de CIAT se realizó en Asunción. Fue durante la asamblea del organismo efectuada el 24 de abril de 2017.
No firmó contrato
A pesar de ser la cabeza de la SET y la que debía firmar el contrato, González Ayala no rubricó el documento con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
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