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El reclamo de pérdida de investidura fue presentado por la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y Tony Apuril (Hagamos). El escrito, de 23 páginas, incluye datos y pruebas completas de causales de uso indebido de influencias e incompatibilidad de Zacarías, dijeron. La propuesta fue girada a comisiones y no hay fecha para su tratamiento. Salyn Buzarquis (PLRA) no presentó el petitorio pese a que prometió hacerlo.
Zacarías Irún está imputado desde enero de 2019 supuestamente por falsear su declaración jurada al ocultar lujosas propiedades; y por lesión de confianza como instigador en un daño patrimonial a la comuna de Ciudad del Este por G. 1.200 millones y G. 3.700 millones (ver el cuadro). Pero el perjuicio real sería de G. 17.000 millones, dicen en el texto.
Recalcan que el legislador usó su poder e influencia para obstaculizar la investigación y tener jueces y fiscales funcionales que lo están blanqueando en juicio.
La nota señala que el legislador cartista está vinculado a empresas como Gestiones del Este e Itapema Constructora SA además del fraude de Mocipar. Se volvió millonario pese a que sus ingresos no condicen para ello, agrega.
Dice que la Seprelad confirmó que dichas empresas siempre eran adjudicadas para obras en la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná, administradas por su esposa Sandra McLeod y su hermano el diputado Justo Zacarías, respectivamente. Ambos cartistas también.
El escrito alerta que varios jueces son funcionales al clan Zacarías, entre ellos Cinthia Garcete, quien anuló las pruebas del Ministerio Público. Además, refiere que el legislador operó para blanquear ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los jueces funcionales como: Marino Méndez, Cinthia Garcete, Fátima Burró y los camaristas Isidro González, Aniceto Amarilla y Miriam López.
Para ello recuerdan que operó para sacar del JEM al diputado Ramón Romero Roa (Añetete) y ubicar al cartista Hernán Rivas, de cuyo título de abogado se tienen serias dudas.
Señala que los audios filtrados del Jurado demuestran cómo era “advertido” cada vez que había un allanamiento.
El documento presentado ayer en el Senado apunta que incluso el viceministro de Tributación, Óscar Orué, expresó que el senador intentó corregir sus “errores”, pagando una multa de G. 1.000 millones.